Jácome y el uso de un cámara para su TV pagado con fondos públicos

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se sentó en el banquillo hace más de dos semanas y, por primera vez en su extensa carrera de colisiones con la justicia, el silencio era diferente. No era un trámite más. El alcalde de Ourense se enfrenta a su juicio más delicado, una acusación de malversación de caudales públicos que, a diferencia de anteriores escaramuzas legales, se sostiene sobre un andamiaje de pruebas y testimonios que amenazan con sortear habituales escapatorias. El delito, en apariencia, es demoledor: usar el dinero de los ourensanos para pagar a un empleado que trabaja para su negocio privado.

La denuncia, interpuesta por su exasesor, José Manuel Palacios, destapa un modus operandi que durante años fue un secreto a voces en los pasillos del Concello. El protagonista es Germán López Vázquez, contratado por el Concello como personal eventual con un sueldo público superior a 2.000 euros mensuales. Sobre el papel, sus funciones eran asistir al gobierno local. En la práctica, según la Fiscalía, su jornada laboral se consume al servicio de Auria TV, el canal de televisión de Jácome.

La mañana del 22 de septiembre, a las nueve y cuarto, Gonzalo Pérez Jácome entró en el edificio de los juzgados de O Couto. Para un alcalde que ha hecho de la confrontación su ecosistema natural, la escena podría parecer rutinaria. Pero algo en el ambiente era distinto. No se trataba de una querella por injurias. Dentro, en el Juzgado de Instrucción número 1, le esperaba el juez Leonardo Álvarez y un sumario que, por primera vez, no se basa en testimonios cruzados, sino en una acumulación de facturas, confesiones en sede policial y un rastro de pruebas que el propio alcalde habría ido dejando tras de sí.

Origen: exasesor

La investigación parte de un exasesor, José Manuel Palacios, quien cruzó la puerta de la Fiscalía Provincial con un dossier que detalla un desvío continuado de casi 190.000 euros del erario público.

El pilar humano de la trama tiene un nombre: Germán López Vázquez. Desde hace años, figura en la nómina del Concello de Ourense como personal eventual, un “asesor político” cuyo coste total para la ciudad, entre salario y cotizaciones, ascendió a 178.930 euros entre abril de 2021 y 2024. Es un hombre de la estructura de Democracia Ourensana, habiendo ocupado un puesto similar en la Diputación.

"...los agentes le formularon una pregunta directa y concisa: “¿Cómo, por quién y para qué es contratado como personal eventual del Concello?”. Su respuesta, hoy piedra angular de la acusación por malversación, fue clara, y así la recoge el acta: “Dice que es contratado por Gonzalo Pérez Jácome para la realización de grabación en Auria Televisión”

La prueba más elocuente sobre su verdadera función está registrada en un acta oficial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial. El 30 de octubre de 2020, en el marco de otra investigación, a raíz de la denuncia de los conocidos como “díscolos”, los agentes le formularon una pregunta directa y concisa: “¿Cómo, por quién y para qué es contratado como personal eventual del Concello?”. Su respuesta, hoy piedra angular de la acusación por malversación, fue clara, y así la recoge el acta: “Dice que es contratado por Gonzalo Pérez Jácome para la realización de grabación en Auria Televisión”. No hay margen de interpretación. Es la propia pieza clave del engranaje admitiendo, en sede policial, que su empleador funcional era el alcalde en su faceta de empresario y su centro de trabajo era un negocio privado, todo ello sufragado con la nómina de asesor que pagaban los ciudadanos de Ourense.

El segundo pilar del desvío, el material, se remonta a junio de 2020. El Concello tramitó un pedido de equipamiento técnico por valor de 8.698 euros. Dentro de esa compra, figuran dos cámaras profesionales, una Sony y una Panasonic, que sumaron casi 4.000 euros. El material fue recogido en El Corte Inglés de Vigo. Según la denuncia, esos equipos, en lugar de integrarse en los servicios municipales, pasaron a ser el equipamiento técnico de Auria TV. Esta operativa no pasó desapercibida internamente. En marzo de 2021, el entonces exconcejal Manuel Álvarez ya había presentado una reclamación formal alertando sobre el uso irregular de estas cámaras. La advertencia documenta que en la cúpula del gobierno local existía conocimiento de la situación, pero esta persistió.

El propio Jácome es el principal cronista de sus irregularidades. En una publicación en su perfil de Facebook, compartió una foto de Germán López, cámara al hombro

Delito exhibido

Lo que eleva el caso a una categoría superior es que el presunto delito no se ocultó, sino que se exhibió. El propio Jácome es el principal cronista de sus irregularidades. En una publicación en su perfil de Facebook, compartió una foto de Germán López, cámara al hombro, con el texto “listo para grabar la procesión de Fátima”. El alcalde, en su propia red social, estaba aportando una prueba gráfica de que su asesor municipal ejerce, en realidad, de operador de cámara para su canal. Este rastro digital se complementa con su decisión de vetar a la prensa en los plenos durante la pandemia para que la retransmisión corriera a cargo de su “cámara oficial” a través de su televisión, o con sus reiteradas justificaciones públicas para eliminar las ruedas de prensa y centralizar toda la comunicación institucional en sus plataformas privadas. Sin ir más lejos, esta misma semana Germán López acudía a una rueda de prensa del regidor con el subdelegado del Gobierno y a la inauguración de las termas de A Chavasqueira como cámara de su TV. Sin cortarse.

El juicio se ha convertido, por tanto, en mucho más que un proceso por malversación. Es un caso donde la confesión del empleado, las propias publicaciones del alcalde y las constantes apariciones públicas del asesor como cámara de su TV presentan un relato que hace que la pregunta ya no sea si los hechos ocurrieron, sino si la Justicia, esta vez, está dispuesta a ponerle punto final.

El delito sería demoledor, usar el dinero de todos para pagar a un empleado que trabaja para su negocio

Y es que el particular tempo judicial ourensano contrasta de forma llamativa con la celeridad mostrada en otros casos de gran calado mediático a nivel nacional, como es la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que guarda relación con este caso. Salvando las evidentes distancias procesales, ambos casos exploran la misma frontera difusa: el presunto uso de una posición de poder o de influencia pública para obtener un beneficio particular o favorecer a un entorno privado. Sin embargo, mientras las denuncias contra Jácome se han topado con la parálisis y el laberinto burocrático, la causa que afecta a La Moncloa ha avanzado con celeridad desde su admisión, generando un torrente de actividad judicial y un debate nacional. Aquí, las cosas van a otro ritmo. Aunque ahora todo podría cambiar.

Fiscalía considera que Jácome, de forma “consciente y continuada” desvió recursos públicos para su lucro particular. No se trataría de un error administrativo, sino de un plan preconcebido para que los ciudadanos de Ourense financiaran la infraestructura humana de su empresa. De probarse, constituiría un caso de manual de malversación, un delito contra la administración pública que el Código Penal castiga con penas de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público, lo que supondría el fin fulminante de su carrera política. Pendiente queda también otra denuncia por malversación, en este caso por la subasta de barras de bar para las fiestas sin integrar el dinero en las cuentas municipales, interpuesta por O Cimborrio, y pendiente de ser admitida.