Una trayectoria marcada por la bula en los juzgados

Gonzalo Pérez Jácome es, ante todo, un superviviente judicial. A lo largo de una década ha forjado una reputación de invulnerabilidad, coleccionando archivos y absoluciones en una serie de causas penales que habrían supuesto el fin fulminante de la carrera de cualquier otro político. Su aparente bula judicial, esa inexplicable capacidad para salir indemne de los mayores escándalos, contrasta de forma sangrante con el destino de otros regidores.

La Financiación Ilegal

Fue la primera gran crisis del mandato y la que destapó su modus operandi. La denuncia partió de sus propias filas: un asesor y cinco concejales “díscolos” lo llevaron a Fiscalía, acusándolo de exigir “donaciones forzosas” para financiar Democracia Ourensana. El escándalo provocó una implosión política sin precedentes en el verano de 2020 que dinamitó el pacto de gobierno con el PP y dejó a Jácome gobernando con solo tres ediles.

Pese a que el escándalo le costó su mayoría de gobierno, la causa judicial se archivó. La magistrada Eva Armesto decretó el sobreseimiento al considerar que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, ya que los implicados o negaron los pagos o afirmaron que fueron “voluntarios”. Respecto al presunto desvío de fondos, la jueza se inhibió, afirmando que esa fiscalización correspondía al Tribunal de Cuentas. Jácome, que ni siquiera fue llamado a declarar, sentenció: “Siempre dije que esto era una trama para tratar de derrocarme”.

Audios: una verdad anulada

El escándalo de mayor calibre de la historia reciente de Ourense. En abril y mayo de 2023, La Región publicó grabaciones donde se escuchaba al alcalde hablar de cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de dinero. La jueza Celeste Ameneiro archivó la causa en junio de 2025 al decretar la “ilicitud y consiguiente nulidad” de los audios por haber sido obtenidos clandestinamente. Aplicando la “doctrina de los frutos del árbol envenenado”, anuló no solo las grabaciones, sino toda la investigación policial derivada. Un mes después, la Fiscalía decidió no recurrir, convirtiendo el sobreseimiento en firme y cerrando definitivamente un caso que nunca se investigó a fondo.

El Ministerio Público pretendía indagar si el regidor “pudiera haber tenido como contrapartida a la adjudicación de la obra de demolición del matadero la entrega de 100.000 euros o mediante la compra de un piso por el denunciado a alguno de sus colaboradores”. El 9 de diciembre de 2024, quiso también encartar en el mismo procedimiento al concejal de Urbanismo Francisco Lorenzo. Este último, de forma contemporánea a la adjudicación a la empresa con la oferta más elevada, “habría recibido en cuenta bancaria en la que se encuentra autorizado, una transferencia de 200.000 euros, en concepto de préstamo” por parte de una empresa. La fiscal pedía su imputación por una información en la que el empresario que concurrió al concurso con una oferta más económica pedía el acceso a la documentación del procedimiento de licitación, estando dispuesto a personarse en los juzgados de confirmarse la modificacion de la oferta.

Acoso a Funcionarios

Jácome ha mantenido una guerra abierta contra funcionarios del Concello, que se ha saldado con una de sus pocas, pero más sonadas, condenas. Fue condenado por acoso al interventor en una sentencia demoledora de julio de 2025, en la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó que el alcalde lo acosó laboralmente, elevando la indemnización por daños morales a 75.000 euros. El fallo recoge como hechos probados la campaña de desprestigio público a la que Jácome sometió al funcionario antes de cesarlo de forma abrupta.

La asombrosa capacidad para sobrevivir a escándalos que habrían terminado con otras carreras políticas

Este no es un caso aislado. La jefa de la Policía Local ganó una demanda por acoso contra su exconcejal de Seguridad, fallo que el TSXG corroboró afeando al alcalde su conducta “impropia”. Otra alta funcionaria, la jefa de Comercio, también ganó una demanda por casi 50.000 euros de indemnización tras ser relegada de sus funciones. Pese a este patrón, otras denuncias de funcionarios por injurias han sido sobreseídas, como la archivada en abril de 2025, al considerar el juzgado que las palabras de Jácome no eran “injuria grave” a efectos penales.

La Multa de Vigo

El caso parecía sacado de un guion. El coche oficial del alcalde fue cazado por un radar en la avenida de Samil (Vigo) circulando a 88 km/h en una zona limitada a 50. Para eludir la pérdida de seis puntos del carné, Jácome presuntamente intentó que dos funcionarios del Concello asumieran la culpa, identificándolos en el escrito de alegaciones como los conductores. La maniobra apuntaba a un presunto delito de falsedad en documento oficial, pero a pesar de la aparente solidez de la denuncia, la causa fue archivada.

Concordia: “Subsanable”

Fue una de las obras estrella de Jácome, un proyecto de más de 2 millones para instalar rampas mecánicas. El PSOE llevó la obra a la Fiscalía denunciando un presunto delito de prevaricación. La fiscal delegada de Urbanismo de Galicia, tras analizar casi 5.000 folios, reconoció irregularidades, pero las calificó de “perfectamente subsanables”, argumentando que no se podía sostener que el alcalde trató de imponer su “caprichosa o arbitraria voluntad”.

Guillotina a otros Alcaldes

Este abultado historial de archivos y condenas sin inhabilitación hace todavía más incomprensible el destino judicial que han corrido otros alcaldes. Francisco Rodríguez (PSOE) fue detenido en la Operación Pokémon y forzado a dimitir por un caso que, una década después, se fue desmoronando. Manuel Cabezas (PP) vivió un calvario judicial de casi diez años por el “caso del 10%”, que le obligó a apartarse de la política, para finalmente ser absuelto. Más recientemente, Gerardo Seoane (PSOE), alcalde de Verín, fue condenado a dos años de cárcel e inhabilitación por una obra menor. La comparación es brutal: mientras Jácome sobrevive a crisis políticas terminales, acusaciones de falsedad documental y escándalos de corrupción archivados, otros fueron detenidos, apartados o condenados con una celeridad implacable.