Jácome se escuda en otras administraciones como responsables de frenar la okupación y rehabilitar la Casa de Baños

El Concello de Ourense no puede tomar medidas para evitar la okupación de edificios abandonados, porque es responsabilidad del Gobierno central. Tampoco puede hacer un arreglo efectivo de lugares como la Casa de Baños, porque está dentro de un programa que corresponde a la Xunta. Y no ha pagado aún a las entidades sociales de la ciudad porque la burocracia empantana la gestión. O esos son los argumentos a los que recurrieron los ediles de Democracia Ourensana cuando se les pidió que asumieran su parte de responsabilidad en varios frentes que la ciudad debe tratar con urgencia.

El incendio que hace casi una semana calcinó un edificio en el barrio de A Ponte daba pie al Partido Popular a pedir la adopción de medidas urgentes para impedir la okupación de edificios vacíos. Una petición que encabezaba la edil Noelia Pérez, quien señalaba que "es preocupante que no haya política de Vivienda, y no se destinen más recursos a servicios sociales. Todo lo demás forma parte de un argumentario político injusto", al tiempo que recordaba que la concellería de Urbanismo debe actuar dentro de sus competencias de disciplina urbanística para identificar inmuebles abandonados, abrir expedientes a sus propietarios o ejecutar intervenciones que eviten nuevas okupaciones o incendios. "No pueden resolverlo todo, pero no deben quedarse esperando", insistía Pérez al gobierno municipal.

Sin embargo, su moción fue la única que cosechó el rechazo de las fuerzas políticas. Incluso el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, sostenía que "lo que corresponde al Concello, se aplica. Lo asqueroso es que venga diciendo que ya se había avisado del peligro", y se escudaba en que "la policía local y nacional nos dijo que sin denuncia del dueño no se podía intervenir", exigiendo a Pérez —que también es diputada autonómica— que lleve el tema al Parlamento de Galicia, porque "tienen que cambiar las leyes autonómica y nacional".

Un argumentario semejante se empleó en la moción del PSOE relativa a la reconstrucción de la Casa de Baños, que sí salió adelante con el respaldo de toda la oposición. Ante la petición de acogerse a líneas de subvención nacionales, Lorenzo afirmó que "la ciudad es maltratada por un Gobierno central que nos niega fondos", y añadió que la Casa de Baños se incluye dentro del área Rexurbe pactada con la Xunta de Galicia.

Atasco administrativo

Cuando llegó el momento de tratar el pago a entidades sociales, fue la concejala Tamara Silva la que recurrió al argumentario del atasco burocrático para justificar que agrupaciones como Cáritas lleven meses sin recibir las cantidades que les corresponden desde el Concello de Ourense, algunas desde el año 2022. Según la concelleira, "como hubo que dotar de crédito a posteriori —la partida presupuestada se agotó— vivieron retrasos. Y luego tuvimos problemas con algunas justificaciones". Silva incluso afirmó que "es desesperante el retraso en las tramitaciones, que hace que tengamos retenidos pagos desde diciembre".

Frente a eso, la popular Ana Méndez les instaba a agilizar los trámites, señalando que "si el problema es el dinero, soluciónenlo. Si el problema es la tramitación, soluciónenlo también. Las entidades sociales están pendientes para poder contratar profesionales y cubrir programas, y dejar de intentar simplemente sobrevivir. Mientras no se pague, vamos a seguir reclamando". La reclamación suscitó la unanimidad del pleno.

Cuestión de confianza

Otro punto de debate con amplio acuerdo fue la moción socialista que pedía actualizar la ordenanza para el uso del espacio público, donde la portavoz Natalia González recordaba que "está obsoleta. Debe basarse en criterios objetivos y que sean transparentes", a lo que la edil del BNG, Erea Blanco, añadía que "es fundamental definir el espacio público de la ciudad. Se pueden arreglar mil calles para hacer la foto, pero luego debe garantizarse su disfrute por parte de la gente".

Pese al apoyo de PP, PSOE y BNG para que la moción saliese adelante, Jácome se excusó comparando la concesión de permisos con la existencia de cargos de confianza, afirmando que con criterios objetivos "habría colectivos que ocuparían una semana la calle del Paseo por una chorrada", y defendiendo el cobro de tasas actual como una fuente de recursos que debería actualizarse.

Además, la corporación aprobó de forma unánime la modificación del convenio con el programa de la Xunta Xantar na Casa para ampliarlo hasta el centenar de plazas, entre advertencias del BNG de que el margen de crecimiento será escaso. Jácome afirmó en esta cuestión que este servicio "no es de primera necesidad", y llegó a compararlo con el comedor de Cáritas —con el que el Concello aún tiene pagos pendientes— indicando que "Cáritas sirve 600 comidas al día. Seguro que son mejores que las de Xantar na Casa".