Medio millón de fincas sin desbrozar a 35 días de la época de incendios en Ourense

Con el 31 de mayo marcado en rojo en el calendario y una primavera muy seca y calurosa -tras toda la masa generada tras las precipitaciones de invierno-, con temperaturas que ya han superado los 32 grados en la ciudad, Ourense se enfrenta a su particular pesadilla logística, desbrozar toda la maleza en las franjas de seguridad de 50 metros que protegen las viviendas en menos de dos meses. El temor a los incendios y el pánico a las nuevas y endurecidas sanciones han acelerado las acciones y trabajos de los concellos, pero la exigencia de la ley choca frontalmente contra el mayor laberinto rural de España.

En la provincia las fincas en estado de abandono con propietarios “fantasma” aparecen en cada aldea, en muchos casos olvidadas desde hace décadas a través de los movimientos migratorios, con herederos que ni saben que poseen las parcelas e incluso residen en el extranjero.

Ourense es la provincia con mayor cantidad de parcelas de toda España, con 3.534.490 fincas según las estadísticas catastrales, lo que corresponde a más de diez por habitante y que supone una cantidad mayor que en toda Andalucía y Extremadura juntas, todo un reto para el control rural ourensano. Los concellos más afectados para afrontar esta compleja gestión parcelaria son los situados en la parte occidental de la provincia, como Avión (84.244 parcelas), Boborás (88.215), O Irixo (103.423) y en lo alto de la tabla Cartelle con 106.980 fincas.

De las 3,6 millones de parcelas, se estima que cerca de medio millón están dentro de las franjas secundarias de protección. Teniendo en cuenta el plan de la Xunta afecta a 135.000 hectáreas fraccionadas en 1,8 millones de parcelas y sabiendo que Ourense concentra casi un tercio de todo el minifundio gallego, podemos estimar que una cifra de entorno a 500.000 parcelas ourensanas están atravesadas o incluidas totalmente dentro de estas franjas de 50 metros.

El tamaño medio de estas fincas es inferior a los 1.000 metros cuadrados. Esto implica que, para trazar una simple línea recta de 50 metros desde el muro de una casa hacia el monte, las tareas de limpieza pueden toparse con cuatro dueños diferentes. Si uno de ellos falleció hace décadas y no hay herederos claros, el trámite de notificación se estanca. En los casos en los que no se pueda dar con los propietarios el DOG y el BOE deberán proceder mediante la elaboración técnica del anuncio para ser su publicación en ambos estamentos, con indicación de los datos catastrales de la parcela.

La magnitud de este dolor de cabeza queda retratada en las actuaciones de Medio Rural y la empresa pública Seaga. Recientemente, en San Cibrao das Viñas, limpiar apenas 25 hectáreas exigió lidiar con 225 parcelas distintas, mientras que en su parroquia de Soutopenedo, rozar un pequeño monte de 4,6 hectáreas implicó rastrear a los dueños de 91 fincas. Un caso piloto anterior en Lobios dejó cifras aún más abrumadoras, ya que proteger las aldeas limpiando 375 hectáreas obligó a identificar y gestionar 9.000 propiedades.

Ante esta inabarcable telaraña, la Xunta ha decidido apretar las tuercas. El nuevo convenio castigará a los concellos de más de 10.000 habitantes que no hagan cumplir la ley, reteniéndoles los fondos autonómicos. Para suavizar este golpe, el presupuesto del convenio de Medio Rural con Seaga se ha duplicado hasta los 25 millones de euros anuales, para garantizar un paraguas económico que busca ayudar a los 271 ayuntamientos adheridos a ejecutar las limpiezas subsidiarias forzosas (hasta 10 hectáreas por concello) cuando el propietario falla.

La normativa forestal es clara y sitúa la pelota en el tejado municipal, ya que son los concellos los primeros responsables de vigilar el estado de las parcelas, notificar a los dueños y, si es necesario, tramitar las sanciones. Por ello, ya se encuentran acelerando los trabajos de desbroce, mientras que, según relata el sector de empresas de desbroce en Ourense, los particulares todavía no se han puesto las pilas.