El nuevo curso judicial en la Audiencia de Ourense: un atraco en el hogar, abusos sexuales en familia y una red de narcos en Verín

El reinicio de la actividad en la Audiencia Provincial arranca con una agenda marcada por las deudas del pasado y el peso del crimen organizado. La sala de vistas reabre sus puertas en septiembre para saldar, en primer lugar, causas que retornan a los tribunales por motivos extraordinarios.

El primer nombre propio de este inicio de curso es el de Jorge Luis C.F., quien se sentará por fin en el banquillo tras una larga evasión de seis años. Logró mantenerse ilocalizable en Holanda, burlando una orden de detención europea el tiempo suficiente para que el resto de sus coacusados -otro tres- ya fueran juzgados y condenados sin él.

Ahora, tras ser capturado en diciembre de 2025, es el único eslabón que falta y tendrá que responder en solitario por dos procedimientos que dejó pendientes: un violento robo en una vivienda de Pazos de Arenteiro (Boborás), donde los asaltantes ataron y amenazaron con armas de fuego y armas blancas a las víctimas, y otra causa diferente por venta de cocaína y heroína desde un bajo en la ciudad de Ourense.

 Asalto a plena luz del día

En el asalto de Pazos de Arenteiro, perpetrado a plena luz del día en mayo de 2019, los atracadores accedieron con pasamontañas, maniataron a los dueños de la casa y a su cuidadora con bridas y llegaron a amenazar al propietario con cortarle un dedo y el cuello si no revelaba las claves de la caja fuerte.

Por esta imputación, la Fiscalía le reclama cinco años de cárcel, que podrían sustituirse por su expulsión del país una vez cumplidas dos terceras partes de la condena. A esta pena se suman los tres años y medio de prisión que el Ministerio Público solicita por su implicación en las ventas de droga desde un inmueble de la calle Libertad en la ciudad de Ourense.

El segundo caso que vuelve a la casilla de salida lo protagoniza Pablo Miguel F.D.S., quien ahora se sentará en el banquillo acusado exclusivamente de un delito de estafa. Este procedimiento representa una anomalía procesal, ya que el juicio deberá celebrarse íntegramente de nuevo y con un tribunal distinto.

Esta insólita situación responde a una orden directa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que estimó el recurso de apelación de la acusación particular al apreciar indicios evidentes de estafa, pero dejando ya fuera de este nuevo proceso los delitos de secuestro y coacciones por los que también había sido señalado inicialmente.

Vulnerabilidad 

La acusación sostiene que el procesado se aprovechó de la vulnerabilidad y el deterioro cognitivo de una mujer mayor para que modificase su testamento a su favor, cediéndole además varios inmuebles.

Según relataba el escrito de calificación, el encausado habría aislado a la anciana, de 83 años, para llevarla a una notaría de Lugo en varias ocasiones y hacerse así con sus bienes, entre los que figuraban una vivienda en la calle Juan XXIII de Ourense y una plaza de garaje.

La perjudicada murió en el hospital en julio de 2019. Aunque en un primer momento la acusación particular solicitaba hasta once años de prisión sumando el secuestro y las coacciones, el nuevo juicio se centrará únicamente en la estafa, que en el escrito original acarreaba una petición subsidiaria de ocho años de cárcel.

Fuera de estos retornos excepcionales, el calendario judicial también acogerá por primera vez un delicado proceso por agresión sexual en el ámbito familiar. La vista oral se celebrará a puerta cerrada a petición de la Fiscalía, con el fin de proteger la intimidad de la víctima, que era menor de 16 años cuando ocurrieron los hechos en el domicilio familiar, entre 2013 y 2019.

El banquillo de los acusados estará mermado, ya que el principal imputado, el padre de la víctima, ha fallecido, extinguiéndose así su responsabilidad penal antes de poder ser juzgado, eludiendo la petición inicial de doce años de cárcel que pesaba sobre él.

De este modo, únicamente tendrá que responder ante los magistrados el sobrino, coacusado en la misma causa y para quien la fiscal solicita cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual.

Además de la privación de libertad, la Fiscalía exige para él diez años de libertad vigilada, la prohibición absoluta de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante quince años y el pago de una indemnización de 2.000 euros por los daños morales causados.

En el ámbito de los delitos contra la salud pública, la Audiencia también juzgará a José Antonio C. V. por la venta al por menor de cocaína. Según la Fiscalía, el acusado llevó a cabo diversas transacciones entre abril y noviembre de 2024, utilizando métodos peculiares para ocultar la mercancía: escondía los envoltorios de droga en el mango de un cepillo para el pelo o abandonándolos estratégicamente en la marquesina del autobús de la carretera de Os Gozos para sus compradores.

Por estos hechos, se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros.