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IPC
Lo que a España la golpea con un mazo de madera, a Ourense con uno de hierro. La subida abrupta del Índice de Precios de Consumo (IPC) destapa en la población la lógica pregunta del “por qué nosotros”, incluso aventajando a Madrid en un punto porcentual en el escalafón inflacionario del país.
Esa preocupante excepción en el cuadrante negativo está asociada a complejos fenómenos sociológicos. El primer elemento a tener en cuenta es el omnipresente factor del envejecimiento poblacional, lo cual redunda en una dependencia de rentas pasivas (pensiones) y en un déficit de fuerza laboral considerable teniendo en cuenta el tamaño de la población mayor de 65 años.
Un segundo factor es la dispersión poblacional de la provincia; cuando en Vigo y A Coruña el ahorro anual en la compra asciende a 1,684 euros, en Ourense solo puede ahorrarse una máxima de 694 euros.
La lógica de esta desproporción radica en los costes logísticos de transportación de bienes cuyas cifras se han elevado a raíz de la guerra de Irán. Es comprensible que los proveedores pongan mucho más alta la vara de precios por lo que supone en materia de, no solo combustible, sino de mantenimiento de flotas y tiempos de conducción.
A esta lista de hándicaps se suma otro factor como es la brecha digital en rural, que condiciona una reducción considerable de acceso al comercio electrónico masivo con las ventajas que ello comporta en materia de ahorro.
El impacto de este abanico de fallas estructurales representa un disparo de grueso calibre en el cofre de la economía familiar. La readaptación forzosa, es de momento, la única alternativa del ciudadano común, que se ajusta, pero no llega a fin de mes; que compara lo que costaba hace un año una compra familiar y tiene que conformarse con la nostalgia y los suspiros.
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