Ourense tendrá plan de ajuste por el caos contable

El gobierno municipal del Concello de Ourense remitió ayer a la oposición un proyecto de Orzamento para 2026 viciado por el colapso contable del último año. La administración de Gonzalo Pérez Jácome asume en su propio borrador presupuestario que deberá acogerse a un Plan de Ajuste que le obligará a congelar 40 millones de sus ahorros. Así, e independientemente de que se aprueben o no las cuentas -un escenario complejo dada la minoría del ejecutivo-, el Concello de Ourense entrará este año en un escenario de libertad vigilada financiera por parte del Estado.

La documentación enviada a los grupos municipales, convocados a una reunión el próximo lunes, revela una administración desbordada que se ha visto obligada a adjuntar un Plan Económico-Financiero (PEF) 2026-2027 para intentar corregir su deriva legal. El gobierno admite que el ejercicio 2025 se cerró con un incumplimiento masivo de la regla de gasto de 31,9 millones de euros y un déficit de 45,7 millones, lo que activa automáticamente la tutela de Hacienda.

Este plan de ajuste es el pilar que sostiene toda la arquitectura presupuestaria de 2026, que asciende a 127,8 millones de euros, un 9,51% más que el año anterior. Para intentar cuadrar este incremento de gasto, el ejecutivo fía su supervivencia a una mayor presión fiscal sobre los vecinos. El documento cifra en 7 millones de euros el aumento permanente de recaudación derivado de los “tarifazos” aplicados en saneamiento, depuración y recogida de basura. Unos incrementos que ahora, ante el reconocimiento de la necesidad de aprobar el PEF, cobran sentido como medida desesperada para ingresar recursos extraordinarios.

Ahorros congelados

La consecuencia más drástica del desajuste legal es el freno de mano que el PEF impone a la inversión real. Aunque el Concello presume de un remanente de tesorería de 59,5 millones de euros, el plan de ajuste prohíbe taxativamente gastar la totalidad del dinero para evitar una mayor inestabilidad. El documento establece que las inversiones financiadas con estos ahorros no podrán superar los 20 millones de euros en 2026 y los 14 millones en 2027. En la práctica, esto supone que 39 millones de euros pagados por los ourensanos permanecerán secuestrados en el banco este 2026 como castigo a la gestión del último ejercicio. El expediente del PEF desnuda una administración basada en la acumulación de facturas y deudas históricas con grandes concesionarias que operan con contratos caducados. Un dato revela la parálisis administrativa: el Concello tuvo que pagar de golpe en 2025 el canon de vertidos a la Confederación Hidrográfica acumulado de cuatro años (2021 a 2024) por importe de 1,1 millones. A esto se suman pagos forzosos por sentencias y acuerdos en el transporte urbano (16,5 millones), agua (16,1 millones) y limpieza (8,5 millones).

Cifras y colisiones

La programación del Auditorio se reduce a la mitad bajo el mandato de que debe ser “autofinanciable”; el gasto en luces de Navidad crece un 25% hasta los 750.000 euros y la partida de “actividades culturales y festejos” de calle se dispara a los 1,54 millones. Al mismo tiempo, se dota presupuesto para crear tres nuevas plazas directivas (Obras, Urbanismo y Transporte).

El cierre del expediente revela la fractura abierta entre el gobierno y los órganos de control. La Intervención Municipal ha llegado a devolver el proyecto hasta en tres ocasiones -la última, el pasado 29 de abril- por deficiencias técnicas. Además, los propios informes de Gestión Económica admiten una “manifesta escaseza de medios” que obligó a externalizar la redacción del PEF a una consultoría privada ante la “evidente imposibilidade” de asumirlo con personal propio.