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Las agresiones al personal sanitario continúan siendo una de las quejas más recurrentes dentro del sector. El último episodio de violencia física contra estos profesionales en la provincia se ha saldado en los juzgados de Ourense con la condena de un hombre que propinó un fuerte puñetazo a un técnico de emergencias sanitarias. Tras llegar a un acuerdo de conformidad, el agresor ha aceptado una pena de seis meses de cárcel por un delito de atentado -el personal sanitario está considerado agente de la autoridad-.
Los hechos se remontan a las 08,39 horas del pasado 29 de octubre de 2023. El técnico agredido se había desplazado en el ejercicio de sus funciones hasta el aparcamiento del karaoke Rías Baixas tras recibir un aviso del 061 porque el inculpado, que estaba muy borracho, precisaba asistencia médica. Una vez en el lugar y tras conseguir que el inculpado subiera a la ambulancia, se desencadenó un enfrentamiento entre este y una tercera persona que le recriminaba un comportamiento previo. En un intento por pacificar la situación, el profesional sanitario trató de mediar en la disputa. Fue en ese instante cuando el acusado, identificado como Norlan L.T.M.O, arremetió contra él y le asestó un fuerte puñetazo en el lado izquierdo de la mandíbula. Todos acabaron en el hospital para recibir asistencia médica.
Como resultado del impacto, el técnico sufrió una contusión mandibular y una contractura muscular cervical. Estas lesiones requirieron asistencia médica y le supusieron 30 días de impedimento para realizar sus labores habituales. En el momento de la agresión, el acusado no tenía antecedentes penales y presentaba una intoxicación alcohólica grave, una condición que fue considerada como circunstancia atenuante durante el proceso judicial.
Inicialmente, la fiscal solicitaba para el acusado una pena de nueve meses de prisión por el delito de atentado y dos meses de multa por un delito leve de lesiones. Sin embargo, la resolución final se ha fijado en una pena de seis meses de cárcel y el pago de una multa de un mes a razón de cuatro euros diarios (120 euros). Asimismo, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 1.650 euros en concepto de responsabilidad civil. La jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense se mostró favorable a la suspensión de la pena pero advirtió al acusado que en caso de que no abone la responsabilidad civil podría ingresar en la cárcel o si vuelve a delinquir en los próximos dos años.
A pesar de esta protección jurídica, los sindicatos y los propios profesionales del sector continúan alzando la voz para exigir mayores medidas de seguridad y una profunda concienciación social que frene la preocupante escalada de agresiones verbales y físicas en ambulancias, centros de salud y hospitales.
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