Un sacerdote ourensano se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel por violar a sus sobrinas cuando eran menores

ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA

La Fiscalía y la acusación particular sitúan algunas de las agresiones sexuales en un Seminario Mayor entre 2000 y 2008

Las dos hermanas, cogidas de la mano.
Las dos hermanas, cogidas de la mano. | Martiño Pinal

 El procedimiento penal contra el sacerdote católico Francisco Manuel M.L se encamina hacia el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Ourense. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular -ejercida por la representación procesal de las dos víctimas- han formalizado sus escritos de conclusiones provisionales, en los que solicitan un total de 29 años de prisión para el investigado por dos delitos continuados de agresión sexual cometidos presuntamente contra sus dos sobrinas cuando estas eran menores de edad. Esta solicitud de penas convierte el procedimiento en el caso de abusos más grave y con la mayor petición de cárcel contra un eclesiástico en la diócesis ourensana.

El encausado, durante la instrucción, negó haber mantenido contacto sexual alguno con sus familiares y cree que el móvil tras las denuncias responde a un interés estrictamente crematístico de las hermanas.

 Prescripción y reapertura

El caso, que generó una notable conmoción mediática a nivel nacional en sus fases iniciales de instrucción, atravesó un itinerario procesal complejo. En un primer momento, la denuncia interpuesta en solitario por la hermana mayor no llegó a prosperar en sede judicial, decretándose el sobreseimiento de las actuaciones en noviembre de 2020 al entender el juez que los delitos denunciados habrían prescrito por el paso del tiempo transcurrido desde la mayoría de edad de la denunciante.

No obstante, el escenario penal dio un vuelco definitivo cuando la hermana menor decidió romper el silencio y denunciar en marzo de 2023 haber sido víctima de abusos y agresiones análogas perpetradas por el mismo familiar. La aparición de nuevos hechos delictivos sobre una víctima de menor edad, que no estaban afectados por los plazos de prescripción penal, permitió la reapertura legal del caso y dio paso al procesamiento del sacerdote.

 En el seminario

Según las acusaciones, el acusado ocupaba el cargo de formador en el Seminario Mayor de Ourense, donde contaba con habitación y despacho privado y “se valió de su condición de sacerdote, de su ascendencia moral y religiosa, y de la estrecha cercanía familiar para quedar a solas con sus sobrinas” en diversos escenarios: el propio centro diocesano, los domicilios familiares en Ourense y residencias en Málaga.

En el relato fáctico correspondiente a la hermana mayor -nacida en 1991-, el fiscal detalla que los actos se iniciaron en el contexto temporal de su primera comunión, cuando tenía unos ocho años, y se prolongaron hasta que cumplió los 17.

Las conductas descritas abarcan desde tocamientos y actos con ánimo libidinoso hasta agresiones sexuales con penetración, acompañadas de amenazas explícitas y violencia física orientadas a neutralizar su resistencia y garantizar el secreto. Respecto a la hermana menor -nacida en 1996-, el escrito expone agresiones sexuales continuadas desde que la niña contaba entre ocho y diez años hasta el año 2008, principalmente en dependencias del Seminario Mayor y en habitaciones familiares, aprovechando la misma dinámica de sometimiento y superioridad.

Informes periciales del Instituto de Medicina Legal de Galicia constatan que ambas hermanas padecen cuadros crónicos y graves de trastorno por estrés postraumático con afección personal, relacional y social, requiriendo asistencia psicológica y psiquiátrica.

La diócesis, en el juicio como responsable civil

Las acusaciones, además de las penas de cárcel, añaden que el inculpado no pueda acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con las víctimas durante una década, además de 10 años de libertad vigilada tras salir de prisión. En concepto de responsabilidad civil, se exige una indemnización total para ambas de 260.000 euros por los daños morales y secuelas psíquicas, a lo que habría que sumar el pago de los tratamientos médicos.

En caso de insolvencia, reclaman que la Diócesis de Ourense sea declarada responsable civil subsidiaria. Esta exigencia se fundamenta en que parte de las agresiones se perpetraron aprovechando su cargo de formador y dentro del despacho y la habitación que ocupaba en el Seminario Mayor cuando supuestamente sucedieron los hechos.

Fuentes del Obispado han confirmado que, desde marzo de 2023, Francisco fue apartado cautelarmente de las parroquias que tenía encomendadas y de otros oficios o tareas que realizaba en la diócesis.

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