Cincuenta años de la primera ley de amnistía de la Transición española

El 30 de julio de 1976, con España dando los primeros pasos hacía la “normalidad democrática” y tan solo 27 días después de la llegada al Gobierno de Adolfo Suárez tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el nuevo Consejo de Ministros marcó sus prioridades y aprobó el Decreto-Ley 10/1976 de Amnistía para olvidar “cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles”.

Con esta nueva norma pudieron salir de prisión los condenados por delitos de intencionalidad política y de opinión -sin sangre-, por delitos militares concretos, los prófugos y desertores así como las personas castigadas por cometer infracciones administrativas.

La amnistía llegó ocho meses después de que el rey Juan Carlos concediera, tras la muerte del dictador Francisco Fanco, un indulto a presos comunes y políticos, que afectó a unas 12.000 personas. Sin embargo, las prisiones continuaron llenas porque quedaron excluidos de aquella primera medida de gracia buena parte de los presos comunistas y el 90% de los reos del nacionalismo vasco.

Así, el Consejo de Ministros se afanó por sacar adelante un decreto de amnistía con el objetivo de “establecer una democracia integradora como proceso de salida de un régimen autoritario”, declaró Rafael Arias-Salgado, exministro de los Gobiernos de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, exsecretario general de UCD y actual presidente de la Fundación Transición Española.

Con esa primera norma, que se publicó en el BOE el 4 de agosto y que el día 24 de ese mes entró en vigor, 287 personas salieron de la cárcel. Para Eduardo Ranz, abogado especialista en Memoria Democrática, el decreto llegó en un momento difícil al regir todavía las leyes fundamentales del franquismo y no estar aún constituidas las Cortes. “En ese contexto tiene sentido que se actuara de esa manera, con un decreto así”, expresó.

Riesgo militar

Además, Ranz añadió otro riesgo que enfrentaba el recién conformado Gobierno de Suárez y por el que le urgía sacar la norma adelante: “Podía haber una involución militar importante, que los militares salieran a la calle. Por eso ese encaje legal en ese contexto es muy acertado”.

Arias-Salgado puso en el foco el papel que tuvo este decreto como primer paso para asentar las bases de lo que ya en el año 1956 el Partido Comunista de España había llamado “reconciliación nacional”.

“Toda la filosofía de la amnistía tanto de los decretos como especialmente de la proposición de ley tienen como base política y filosófica la necesidad de reconciliación nacional, de hacer un régimen político para todos los españoles sin excepciones”, sostuvo el exministro. En este sentido, la amnistía de julio de 1976 fue el paso previo necesario para la legalización de los partidos políticos, que finalmente ocurrió en febrero de 1977 (con el broche del PCE en abril), para poder “equiparar a España a los sistemas democráticos vigentes en los países europeos”, recordó Arias-Salgado.

Según Ranz, de otra forma no era posible una democracia.

Para algunos fue “un indulto encubierto”

Hay quienes defienden que este decreto, aunque se presentara como amnistía, en realidad fue “un indulto encubierto”. Es la tesis de Javier Tébar, doctor en Historia por la Autónoma de Barcelona y profesor en la Universidad de Barcelona, que se apoya en el libro autobiográfico publicado por Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno en aquel momento, “Trayectoria política de un ministro de la Corona”.

“Osorio, en sus memorias, comenta que Suárez le dice: ‘Vamos a llamarle amnistía, pero en realidad lo que vamos a hacer es un indulto’. Y ahí está la cuestión, porque son figuras jurídicas distintas”, cuenta Tuébar, para recordar que esa amnistía asumió características del indulto como que posteriormente “se volvió a detener, procesar y condenar” a personas por los delitos ya amnistiados. Por su parte, Rafael Arias-Salgado defendió que en ese momento era “la posibilidad que había porque aún no se había iniciado el proceso de transición” y por ello aquel decreto-ley era la única opción viable. En cualquier caso, los expertos aseguran que la voluntad de sacar adelante el decreto fue total y compartida tanto por la sociedad como por los dirigentes políticos del momento. De hecho, un año después, esa querencia continuaba intacta y el primer acto legislativo de las nuevas Cortes Constituyentes fue reunir una ponencia para redactar la Ley de Amnistía.

“No es posible establecer un sistema democrático que no aspire a la integración política y social de todos los ciudadanos”, reiteró Arias-Salgado.