Los pacientes de VIH no pueden trabajar como taxistas en ciudades como Madrid o Sevilla

DISCRIMINACIÓN

Medio centenar de municipios españoles impiden ejercer la profesión a los portadores del virus.

Varios taxis a la salida de la estación de Atocha, en Madrid. | La Región

Medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas presentan barreras normativas que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas. Entre los municipios figuran varias capitales de provincia, como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia o Las Palmas de Gran Canaria.

Así se desprende del informe realizado por la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y las organizaciones Cesida y FELGTBI+. Realizado tras la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo en doce ayuntamientos murcianos, reclama la revisión urgente de cláusulas que todavía exigen “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para ejercer esta profesión.

Para la Comisión VIH y Trabajo, la intervención del Defensor del Pueblo supone un paso “importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes”.

A raíz de esta situación, reclamó que esta revisión se extienda a todos los municipios del territorio español en los que aún existan leyes, ordenanzas, reglamentos, bases de convocatoria o trámites administrativos que incluyan cláusulas genéricas como la de “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.

La permanencia de estas formulaciones no solo resulta “anacrónica”, sino que consideran que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH, según las organizaciones. Como alternativa, se propuso una redacción adecuada a la aptitud efectiva para ejercer el trabajo: “Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo, acreditativo de que el interesado/a no padece impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista”. Por todo ello, la Comisión de VIH y Trabajo instó a las administraciones locales, autonómicas y estatales a actualizar de manera urgente la normativa.

En su opinión, “ninguna persona debería ver limitado su acceso al empleo o a una licencia pública por cláusulas genéricas que no responden ni a la evidencia científica ni a los principios de no discriminación”.