La Comisión recuerda a España que las plataformas solo rinden cuentas con la UE

REDES SOCIALES

El portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, subrayó que se trata de “dos cosas separadas” y ha recordado que la UE no puede lanzar investigaciones penales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Comisión Europea consideró que la petición para que la Fiscalía investigue posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante contra menores en redes sociales “puede ser compatible” con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA), ya que los países pueden abrir la vía penal para perseguir a “individuos” que hagan un uso delictivo de las redes. No obstante, Bruselas ha insistido en que las plataformas como TikTok o X rinden cuentas ante la Comisión en el marco de la legislación comunitaria y no ante los Estados miembro.

El portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, subrayó que se trata de “dos cosas separadas” y ha recordado que la UE no puede lanzar investigaciones penales, mientras que los Estados miembro deben actuar dentro de los límites de la DSA, encargada de vigilar y tomar medidas contra las plataformas. Según Regnier, “si un Gobierno, un Estado miembro, persigue a nivel nacional a individuos que han vendido este tipo de productos en la UE o han publicado este tipo de contenidos en la UE, pueden hacerlo porque nosotros no perseguimos a las personas”.

El portavoz añadió que Bruselas exige responsabilidades a las plataformas y se centra en asegurarse de que “ni ellas ni sus sistemas permitan la generación de este tipo de contenido aquí en Europa”, concluyendo que “el foco son las plataformas y los Estados miembro pueden avanzar en la dirección penal”.

Además, resaltó que la cooperación entre la Comisión y los Estados miembro es esencial para garantizar la seguridad online de los menores y que cualquier medida adoptada debe respetar el marco europeo de protección de datos y derechos digitales, asegurando un equilibrio entre sanción y prevención.

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