El Gobierno plantea paralizar TikTok en España por la difusión de vídeos de abuso sexual infantil

El Gobierno se plantea la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en España ante las denuncias por la difusión de vídeos de abuso sexual infantil en la red social. El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos y adopte las medidas necesarias para proteger a los menores afectados.

La iniciativa llega después de una investigación publicada este lunes por Maldita.es, que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material explícito de abuso sexual infantil. La organización denunció ante la plataforma una muestra de 50 publicaciones que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según los datos de la investigación, TikTok únicamente eliminó cinco de los vídeos denunciados, el 10% de la muestra, y bloqueó otros 13 (el 26%), aunque solo en España. En el 6% de los casos no ofreció respuesta, mientras que en el 58% restante consideró que el contenido no vulneraba ni la legislación ni sus propias normas.

Maldita.es señala además que más de la mitad de estos últimos vídeos acabaron siendo retirados durante las 72 horas posteriores a las denuncias. Sin embargo, transcurrido ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas continuaba activo.

Sira Rego exige explicaciones a TikTok

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado una reunión urgente con los representantes de TikTok en España para conocer las explicaciones de la compañía, las medidas que ha adoptado y las actuaciones inmediatas que tiene previsto poner en marcha para garantizar la protección de niños y adolescentes.

El departamento considera que los hechos documentados revisten una gravedad extrema y reclama una respuesta coordinada de las administraciones competentes, tanto en España como en el ámbito europeo.

Desde el Ministerio también advierten de posibles deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos de la plataforma, así como en el funcionamiento de sus sistemas de recomendación, que podrían contribuir a la difusión de este tipo de material.

La comunicación remitida a la Fiscalía pretende que el organismo valore los hechos y, dentro de sus competencias, impulse las actuaciones necesarias para garantizar la protección integral de los menores.