El hijo mayor de Juana Rivas acusa a su padre de hacerle vivir "un infierno"

Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, ha prestado declaración junto a su madre ante el Tribunal Penal de Cagliari, en Italia, en el proceso judicial abierto contra la expareja de ésta y padre de sus dos hijos, el italiano Francesco Arcuri, por presunto maltrato durante cinco años.

La causa contra Arcuri se sigue por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia los dos hijos que tiene en común con la madre de Maracena (Granada).

Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España.

En las declaraciones de hoy, Rivas ha narrado episodios de malos tratos contra sus hijos en una declaración en la que ha estado separado de Arcuri por un biombo. El hijo, por su parte, ha abundado en "la pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente" en la que los vástagos "han vivido un infierno".

El joven Gabriel ha apuntado a "vejaciones", "amenazas de muerte", y a "maltrato físico y psicológico continuado" en el marco de una "situación permanente de miedo y de terror" en el domicilio.

Calendario previsto para marzo

El juzgado continuará con el calendario previsto en marzo con las declaraciones de testigos propuestos por la Fiscalía, mientras se aporta toda la documentación "médica y sanitaria" de estos últimos años.

Rivas ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.