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REFORMA CONSTITUCIONAL
El Ministerio de Igualdad aseguró que la libertad del aborto ya está garantizada y que la reforma constitucional busca reforzar su dimensión prestacional. El objetivo es asegurar que todas las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de igualdad y equidad.
Para ello, el Gobierno propuso incluir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución (derecho a la salud), que indicaría: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
Fuentes ministeriales explicaron que la libertad de decidir está consolidada tras la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional, que reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo dentro de la libertad personal protegida por los artículos 10 y 15 de la Constitución. La reforma no pretende modificar los derechos fundamentales, sino reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar su ejercicio.
El Ejecutivo aplicará el procedimiento del artículo 167, que requiere mayorías cualificadas de tres quintos en Congreso y Senado. Si no se logra acuerdo, se intentará mediante una Comisión paritaria que presentará un texto para votación. De no aprobarse así, y con mayoría absoluta en el Senado, el Congreso podría aprobar la reforma por mayoría de dos tercios.
La ministra Ana Redondo buscará apoyo en Bruselas, presentando la propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución y trasladando el debate a la Unión Europea. Su agenda incluye reuniones con la eurodiputada y presidenta de la Comisión FEMM, Lina Gálvez, y con eurodiputados socialistas para intercambiar impresiones sobre políticas europeas de igualdad y derechos de las mujeres.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó que los Servicios Jurídicos están estudiando el requerimiento del Gobierno de la nación sobre los objetores de conciencia del aborto y defendió la capacidad de la región para autoorganizarse en materia sanitaria.
Lo dijo en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciara un “requerimiento formal” a Madrid, Aragón y Baleares por incumplir el registro de objetores, considerado una herramienta esencial para garantizar los derechos de los profesionales sanitarios, cuya implantación es obligatoria en todas las CCAA.
García Martín criticó que la medida sea una “cortina de humo” y aseguró: “Llegó ayer, llegó también una carta del presidente y contestaremos cuando llegue el momento procesado a lo oportuno. Hoy hablamos de esto porque el Gobierno no quiere que hablemos de José Luis Ábalos”.
Además, censuró que el Gobierno saque ahora esta bandera “como sacaron la de Palestina y el francomodín”, y recalcó que la Comunidad de Madrid no va a hacer registros que señalen a nadie, igual que no lo hacen con las mujeres que deciden abortar o no hacerlo. Subrayó que cualquier mujer que quiera abortar bajo los supuestos recogidos en la ley puede hacerlo.
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