Mujer, de 70 años y pensión de 564 euros, las más vulnerables

El sistema de bienestar en España tiene una red de seguridad final para aquellos que no pudieron cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral. Son las Pensiones No Contributivas (PNC) y, recientemente, los datos del Avance del Perfil del Pensionista 2025 publicados por el Imserso dibujan una realidad social compleja donde la edad avanzada y el género se entrelazan con la escasez de recursos.

Sin embargo, el análisis detallado del avance del perfil del pensionista no contributivo (PNC) para 2025 ofrece una visión preocupante sobre la calidad de vida de los mayores. No se trata sólo de cifras macroeconómicas, sino de una radiografía de la desigualdad que se acumula a lo largo de toda una vida y que cristaliza en la vejez. Así, al observar los datos del Imserso, se concluye que la pobreza en la tercera edad en España tiene rostro de mujer. Más del 65% de las personas que perciben una pensión de jubilación no contributiva son mujeres, la mayoría situadas en el tramo de edad entre los 70 y 74 años. Esta realidad es el eco de una estructura social tradicional donde la mujer quedaba relegada al ámbito doméstico y a los cuidados no remunerados, o bien trabajaba en condiciones de informalidad que hoy le impiden acceder a una pensión contributiva digna. Para estas mujeres, la PNC no es una elección, sino la única barrera frente a la exclusión absoluta tras décadas de trabajo invisible que no computó para la Seguridad Social.

La cuantía establecida para 2025 se sitúa en 564,70 euros mensuales. Aunque el Gobierno ha aplicado incrementos en los últimos ejercicios para tratar de paliar la inflación, la realidad a pie de calle es que esta cifra queda muy por debajo de los estándares de vida actuales. Un pensionista que percibe este importe debe hacer frente a gastos básicos de alimentación, suministros y, en muchos casos, vivienda. De hecho, el informe subraya que una parte significativa de este colectivo vive en régimen de alquiler, dependiendo de un complemento anual de vivienda de apenas 525 euros, que resulta claramente insuficiente ante la escalada de los precios inmobiliarios en las grandes urbes.

El peso de la convivencia y el entorno familiar es determinante

Un aspecto fundamental que destaca el informe del Imserso es la importancia de la unidad económica de convivencia. La ley exige que para mantener esta prestación no se superen ciertos umbrales de ingresos familiares. Esto obliga a muchos mayores a compartir domicilio con hijos o hermanos para poder subsistir, ya que la pensión individual apenas cubre las necesidades más básicas.

En los casos donde varios beneficiarios conviven en un mismo hogar, la cuantía individual puede incluso verse reducida hasta los 141,18 euros mensuales, lo que genera una dependencia extrema de los recursos compartidos y pone a prueba la solidaridad intergeneracional de las familias españolas.

A medida que se avanza en la pirámide poblacional, el informe muestra que el grupo de mayores de 80 años sigue siendo muy relevante dentro de los perceptores de estas ayudas. En esta etapa, la vulnerabilidad económica se ve agravada por problemas de salud y la necesidad de cuidados de larga duración. Para un anciano de 85 años que solo cuenta con 564 euros al mes, contratar ayuda externa o acceder a ciertos servicios de dependencia es una misión casi imposible, lo que cronifica situaciones de soledad no deseada y deterioro físico en entornos con escasos recursos.

El cierre de este avance estadístico para 2025 no solo sirve para contabilizar beneficiarios, sino para poner sobre la mesa el debate sobre la suficiencia de las pensiones asistenciales. Mientras la sociedad española envejece, el colectivo de pensionistas no contributivos se consolida como el eslabón más débil de una cadena que, por ahora, solo garantiza la supervivencia mínima, pero que todavía está lejos de asegurar una vejez con dignidad y bienestar a quienes construyeron la sociedad.