PRESUNTO ACOSO SEXUAL
Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias exigen justicia
PRESUNTO ACOSO SEXUAL
Dos mujeres que acusan a Julio Iglesias de agresión sexual explican que presentan la denuncia ante la Audiencia Nacional por su deseo de hacer “justicia” y para que “ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos” por parte del cantante. Los testimonios los difunde la organización Women’s Link, que junto a Amnistía Internacional convocaron una rueda de prensa para explicar la denuncia y su contexto internacional.
Las organizaciones destacan que estos casos reflejan un patrón global de abuso hacia mujeres en situaciones de vulnerabilidad y que las denuncias contribuyen a visibilizar estructuras de poder que suelen quedar invisibles. Rebeca, nombre ficticio de una de las denunciantes, afirma que actúa por “tres razones de justicia”: por ella misma y el proceso personal que afronta; por otras mujeres que trabajan en las casas del cantante, a las que anima a “alzar la voz” y recordar que “él no es invencible”; y por su país, para que hechos así no se repitan y para que el denunciado “no venga a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias”.
Rebeca recalca que su decisión también busca generar un precedente legal que ayude a proteger a otras mujeres frente a abusos similares, mostrando que incluso figuras públicas pueden ser responsables de sus actos.
Laura, pseudónimo de la otra mujer, señala que su propósito es que “ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él” y defiende que “las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”. Añade que denunciar supone también un acto de reparación y de apoyo a otras mujeres en situaciones similares y que, al visibilizar estos hechos, buscan inspirar a otras víctimas a romper el silencio y no sentirse culpables por lo sucedido.
Según Women’s Link, los relatos presentan similitudes con los de otras mujeres de América del Sur y el Caribe que habrían trabajado para el denunciado. La ONG describe a las denunciantes como mujeres latinas jóvenes, racializadas y en situación de vulnerabilidad, con fuerte dependencia económica de su empleo y escasas redes de protección. Señala que estas situaciones reflejan dinámicas de poder que perpetúan la explotación laboral y la violencia sexual hacia mujeres en contextos migratorios y domésticos.
La directora ejecutiva de Women’s Link, Jovana Ríos Cisnero, sostiene que los hechos deben analizarse dentro de “estructuras sistémicas de opresión y abuso”, ligadas a violencia sexual, racismo y colonialismo. Estas dinámicas forman parte de un sistema que normaliza la explotación y limita el acceso de las mujeres racializadas a la justicia. Cisnero subraya que visibilizar estas situaciones es clave para generar cambios en las políticas públicas y garantizar protección y reparación para las víctimas.
Amnistía Internacional España apoya a las denunciantes y solicita que se investiguen los hechos. La organización alerta de un patrón global en el que las víctimas suelen ser mujeres migrantes y racializadas, y advierte de que no se trata de “casos aislados”, sino de prácticas sostenidas por marcos laborales y migratorios que incrementan la vulnerabilidad.
El Gobierno estudia retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes tras denuncias por agresiones sexuales en sus mansiones del Caribe en 2021. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó que se valorará la medida y que primero deben seguir su curso las denuncias y escucharse a las víctimas, calificando el caso de “profundamente repugnante”. Recordó también que las víctimas pueden recurrir a la Unidad de atención contra las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural y que las decisiones del Gobierno se basarán en la evidencia que surja del proceso.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió la retirada por razones éticas y políticas, distinguiéndola de la responsabilidad penal del cantante, y pidió una actuación “ejemplarizante” ante la gravedad de los hechos. Díaz criticó las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso por ponerse del lado del presunto agresor y subrayó la importancia de proteger a las víctimas y colocar sus derechos en el centro, insistiendo en que la dirigencia política debe comprometerse públicamente con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Además, Díaz señaló que la decisión del Gobierno servirá para enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a los abusos sexuales y la explotación de personas en situación de vulnerabilidad.
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