DEBATE SOBRE EUTANASIA
El Tribunal Supremo fijará si un padre puede detener una eutanasia
DEBATE SOBRE EUTANASIA
El Tribunal Supremo llevará a Pleno un caso que permitirá definir si un padre puede impugnar la eutanasia de su hijo adulto con plena capacidad, un debate que no se abrió en el caso de Noelia Castillo, quien falleció recientemente a los 25 años tras recibir la eutanasia en Sant Pere de Ribes. La cuestión central es si un tercero ajeno a las administraciones puede intervenir para frenar la decisión de un paciente sobre su propia vida. Según fuentes jurídicas, el Pleno de la Sala de lo Contencioso, con 34 magistrados, fijará doctrina con posible “vis expansiva” para otros casos similares.
El caso que examinará el Supremo parte del recurso de un padre cuyo hijo de 54 años solicitó la eutanasia debido a secuelas graves tras varios ictus e infartos. El padre alegó que su hijo estaba en situación de vulnerabilidad, pero un juzgado de Barcelona consideró que era “capaz de ejercer de forma libre todos los derechos” y sin enfermedad mental, por lo que inadmitió el recurso. Tras recurrir, el TSJC reconoció “el interés legítimo de un padre a recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo”.
Ahora la cuestión llega al Supremo a través de la Generalitat, que sostiene que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no otorga legitimación expresa a terceros. El alto tribunal determinará los “requisitos y circunstancias” que permitan reconocer la legitimación de un tercero en estos procedimientos, aplicable a personas “mayores de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”.
En paralelo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado este viernes el acoso que, según ha señalado, ha sufrido Noelia Castillo por parte de “organizaciones ultras” para poder ejercer su derecho a la Ley de la eutanasia. “Por fin se puso fin al sufrimiento de Noelia Castillo, ejerciendo su derecho a morir dignamente, así como contempla la ley de eutanasia”.
“Hay que lamentar que organizaciones ultras le estuvieron acosando y presionando hasta el último momento, solamente por ejercer su derecho a disponer de su propia vida y a disponer también de su muerte”, señaló la ministra de Sanidad. Tras ello, García subrayó que el CISNS llevaba en un principio un manual de buenas prácticas en eutanasia, así como la estrategia de cuidados paliativos, aunque finalmente no se pudieron abordar debido a que el Consejo se dedicó exclusivamente al conflicto de la huelga médica.
Precisamente este viernes, García señaló que están abiertos a estudiar la petición que el Parlament de Cataluña llevará al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de la Eutanasia y acortar los plazos previstos.
“Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos”, ha señalado García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Asimismo, la titular de Sanidad quiso “dejar claro” que la actual Ley de la eutanasia es “garantista”.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Esther Erice pidió “no trivializar” los efectos de las agresiones sexuales a mujeres, tras el caso de la joven de 25 años de Barcelona, a la que se aplicó este jueves la eutanasia y que aseguró públicamente haber sufrido una agresión sexual múltiple.
“Es una materia que excede del ámbito del Observatorio. Únicamente en este dato relacionado con el mismo está la noticia de que hubo una agresión sexual que precipitó unas modificaciones en el estado de ánimo muy intensas y en la vida de esta mujer. Entonces, si eso fuera cierto, que no nos consta el dato, si fuera cierto, pues es una llamada a no trivializar los efectos de las agresiones que sufren las mujeres”, precisó Erice.
Erice explicó que no les “consta” que se produjera dicha agresión y que “si no había denunciado, menos todavía”, pero insistió en “no trivializar” porque esta violencia “puede cambiar una vida”. Por ello, subrayó la importancia de “la integralidad” de las leyes contra la violencia contra las mujeres. “Tanto la ley del 2004 (Ley orgánica contra la violencia de género) como la de 2022 (Ley de libertad sexual), hacen referencia a la integralidad, y la integralidad no es una palabra bonita”, advirtió. Según ha puntualizado, la integralidad implica “un cambio en la forma de trabajar de algunas instituciones”, no solo de la Policía o los jueces, sino también de otros ámbitos, como los profesionales sanitarios o de los servicios sociales, “para poder detectar y prevenir”.
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