El coste derivado del cierre lleva a la mina de Penouta a una situación límite

La mina de coltán de Penouta, en el concello de Viana de Bolo, la única que extrae este preciado mineral en Europa, continúa cerrada y sin previsión de que esta situación vaya a cambiar a corto o incluso medio plazo.

La responsable de la mina hasta la suspensión del permiso de explotación, la empresa canadiense Strategic Minerals Europe, presentó recientemente los resultados financieros del segundo trimestre de 2024. En el informe hecho público, la concesionaria revela que ha registrado pérdidas por valor de 2,43 millones de euros debido a los gastos relacionados con el mantenimiento de la planta en condiciones seguras mientras las operaciones están suspendidas.

La empresa anuncia que ha tomado “varias medidas” con el fin de reducir costes “mientras las operaciones están inactivas”, sin entrar en más detalles sobre las decisiones adoptadas. Además sostiene que se encuentra “buscando activamente nuevas fuentes de financiación”.

El cierre cautelar decretado el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) supuso el fin de las operaciones en Penouta hasta el momento. Posteriormente, el 13 de diciembre, el TSXG ratificó la suspensión provisional, y el mismo Tribunal anuló finalmente el permiso de explotación el 12 de junio de este año tras la apelación de la empresa minera.

De esta forma, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, al considerar insuficiente el estudio de afección ambiental por omitir el impacto de la minería en Penouta en la Red Natura 2000.

A punto de cumplirse un año del cierre, Strategic Minerals detalla que se encuentra “explorando todas las vías legales para revertir la anulación del permiso de explotación y acelerar la restitución del permiso (de explotación de recursos) de la Sección C, incluida una apelación ante el Tribunal Supremo de España”.

La compañía afirma que, a 30 de junio de 2024, disponía de “13.000 euros de efectivo para liquidar pasivos corrientes por valor de 8,92 millones”, lo que “arroja dudas significativas sobre la capacidad para cumplir con los compromisos según lo planeado”. De hecho, también añade que se encuentra “analizando reanudar la producción en una sección diferente de su Proyecto Penouta, con la explotación de depósitos de relaves y desechos para generar un flujo de efectivo inmediato”.

ERTE

La suspensión cautelar en 2023 de la mina de Penouta llevó a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los 129 trabajadores que empleaba, entre puestos directos e indirectos, y que posteriormente se ha ampliado por un año tras el fallo del 12 de junio.

Los trabajadores y sus familias, muchas de las cuales dependían del sustento que proporcionaba el empleo en la mina, continúan esperando una solución dentro de una gran “incertidumbre”. No obstante, tras casi un año de precariedad, algunos se han dado de baja voluntariamente del ERTE en busca de nuevas oportunidades laborales.

El impacto del cierre de la explotación para la comarca de Viana llevó a centenares de personas, entre trabajadores, familiares, sindicatos y representantes de la empresa, a salir a la calle y protagonizar varias manifestaciones.

Nuevo vaparalo judicial tras la apertura de diligencias penales

La Región recogió el miércoles que el juzgado de instrucción de Trives había abierto diligencias penales contra la mina de Penouta por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad agravada de riesgo para la salud de las personas, a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción.

La denuncia de la organización ecologista surge tras salir a la luz un análisis en el entorno de la explotación minera, realizado por un laboratorio “acreditado por la administración hidráulica”, que muestra niveles de concentración de metales pesados considerados “alarmantes”. En concreto, el análisis arrojó valores de cadmio que superaban en 112,5 veces el valor máximo permitido de esta sustancia tóxica y cancerígena.

Además de cadmio, los valores de arsénico registrados también superaban en un 30% el nivel legal permitido. Por el momento, tras abrir diligencias, el juzgado de Trives ha solicitado un análisis de la situación de los vertidos.