"USO INDEBIDO DE CONTRATOS"
La alcaldesa de Vilariño de Conso declara por presunta prevaricación: "As contratacións foron necesarias"
"USO INDEBIDO DE CONTRATOS"
La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, declaró en la mañana de este miércoles, 25 de marzo, como imputada ante la jueza de Pobra de Trives por un presunto delito de prevaricación administrativa. Lo hizo junto a la secretaria-interventora de la entidad local, Ana María Loureiro, quien acudió en calidad de testigo.
La comparecencia judicial se produce después de que la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Trives, Marta Sánchez Paramio, la aplazara el pasado 11 de marzo.
El origen del procedimiento está en la denuncia presentada por el líder nacionalista de la oposición, Domingo Domínguez, ante la Fiscalía, por el presunto uso indebido de contratos menores. Según su denuncia, estos contratos habrían excedido tanto el importe como el plazo de ejecución permitido para este tipo de procedimientos. Tras evaluar la denuncia, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales y concluyó que podría existir un delito de prevaricación, interponiendo posteriormente la denuncia en el juzgado de Trives, que inició las diligencias previas y citó a la regidora como investigada.
Macía se mantiene firme en su argumento. La denuncia parte “básicamente” del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) y asegura que las contrataciones menores llevadas a cabo “foron necesarias para poder asegurar a atención en servizos básicos coma o SAF. Acudín a defenderme e a presentar a documentación pertinente, a xueza decidirá”.
La alcaldesa subraya su colaboración con la Justicia y afirma que tanto ella como la secretaria-interventora se pondrán a disposición para aclarar cualquier duda sobre los contratos realizados. La regidora defiende que todas las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y recalca que “en ningún momento houbo intención de eludir os procedementos legais”, sino de evitar que los usuarios quedasen sin atención. En este mismo procedimiento, el edil nacionalista de la oposición se persona como acusación popular para depurar responsabilidades.
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