Un centenar de policías establecieron un cordón de seguridad que aseguró las tareas para cumplir la orden judicial
No hay vuelta atrás. La orden de derribo que pesaba sobre la casa de Rosa Alonso y Miguel Fernández, en Reza, y aplazada en dos ocasiones, cumplió ayer con lo establecido y la vivienda se sometió a las obras de demolición.
Como sucedía el pasado jueves, cuando los servicios jurídicos y el personal funcionario de la Sección de Disciplina Urbanística del Concello se presentaron en el lugar para proceder al derribo (que luego se aplazó), la jornada estuvo marcada por la tensión y el nerviosismo. Desde las 07,00 horas de la mañana, alrededor de un centenar de agentes de la Policía Local y Policía Nacional formaron un cordón de seguridad que impidió el acceso a menos de trescientos metros de la entrada a la propiedad a familiares, amigos o vecinos que se acercaron al lugar para mostrar su apoyo a la familia y el rechazo a la orden de demolición.
Conociendo los precedentes y la providencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ourense con fecha del martes, que ordenaba al gobierno municipal de la ciudad el derribo "sin más dilación", un voluminoso grupo de allegados a la familia había acampado la noche anterior en los jardines de la casa para adelantarse a la llegada de los efectivos.
Presencia policial
Pero todos los intentos fracasaron. Según lo previsto, a las 09,00 horas se procedió a la ejecución de la sentencia. Para ello, alrededor de una veintena de agentes de la Policía Nacional accedió al recinto del inmueble para desalojar a todas estas personas. "Cuando llegó la comisión del Concello se nos comunicó que no podíamos situarnos a menos de cinco metros de la casa. Después, con empujones y malas maneras, nos obligaron a abandonar incluso el jardín", explicó una de las amigas de la familia. Miguel Fernández y su abogado, Antonio Feijóo, fueron los últimos en abandonar la propiedad, obligados también por la policía.
Una vez vaciado el recinto, las fuerzas de seguridad establecieron el perímetro de control alrededor de la casa afectada. Pasadas las 09,30 horas, un camión grúa descargó delante de la vivienda las vallas que, posteriormente, se colocarían alrededor. Una hora después, llegaba al lugar una pala retroexcavadora, que comenzó con las tareas de derribo por una galería de cristal.
Después de ser expulsados del recinto, los propietarios comparecieron ante los medios de comunicación. Rosa Alonso, visiblemente nerviosa por la situación, explicó que "yo iba a dejar mi casa de forma pacífica, pero ni siquiera me lo han puesto fácil". "Se supone que una vez establecido el cordón de seguridad, yo puedo permanecer, fuera de éste, dentro de mi finca", añadió. Mostrando su indignación, Alonso dijo que "hasta me fue difícil llegar a casa de mi madre, que también está dentro del cordón, para lo que tuve que pasar escondida y agazapada por unas fincas como si fuese una terrorista".
Viendo llegar la pala retroexcavadora que procedió a las obras de demolición, la propietaria de la vivienda apuntó que "nunca pensé que llegaría porque desde el Concello nunca contestaron a nuestras preguntas".
Por su parte, Miguel Fernández explicó que "despois da chulería da comitiva municipal chegou a incompetencia ó non respetar o regulamento propio das demolicións". El último cartucho de Fernández fue "a protección de varias especies vexetais que temos no noso terreo". Con ese cometido, se puso en contacto con el Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ourense, que acudió al lugar para comprobar posibles daños en la masa arbórea.
Protestas en el Concello
Aprovechando la celebración del pleno municipal en el Concello, un colectivo de vecinos, amigos, familiares y miembros de Stop-Desahucios se desplazó a la Praza Maior para increpar al alcalde en funciones, Agustín Fernández, tanto dentro como fuera de la Consistorial. Mientras, el regidor municipal explicaba a los periodistas que "non se pode matar ó mensaxeiro" y que "o único que se fixo dende o Concello foi cumprir sentencias xudiciais firmes".
Después de la ejecución del derribo durante toda la jornada, los operarios al mando de la demolición se retiraron de la propiedad a las 19,00 horas. Hasta el momento, y con la ayuda de una retroexcavadora, varias dependencias e instalaciones han sido ya destruidas, quedando en pie todavía la estructura. Se prevé que las tareas se prolonguen durante toda la semana.
