Honestamente creo que estamos ante una muestra más de intolerancia por los intentos del Gobierno de criminalizar cualquier tipo de protesta en la calle contra su política de recortes del estado de bienestar. Sea a cargo de los movimientos sociales, los sindicatos o contra una simple hoja que se mueve. El compañero Ío (es bombero) hubo de enfrentar hace apenas un par de días ante el juzgado la propuesta de sanción gubernativa de 600 euros por su postura solidaria en el fallido desahucio de Aurelia Rey.
Como una manera de visibilizar (según sus palabras) que los bomberos no están para hacer determinados trabajos (en este caso favorecer la entrada de la comitiva judicial en el domicilio de la referida Aurelia) Ío se negaba a cortar la cadena que bloqueaba el acceso al patio de la finca. Con lo cual se frustró el desahucio de la anciana. Quizá porque como él mismo nos ha dicho, un bombero no está sino al servicio de los ciudadanos; esto es, para socorrerlos. Y que el caso de Aurelia Rey no entraba en ese supuesto.
No se entiende lo que se ha pretendido ahora con este juicio/farsa contra Ío por el simple hecho de no colaborar en el atropello de los derechos de una mujer mayor. Por esta omisión la Delegación del Gobierno en A Coruña le ha acusado de una grave alteración del orden público a todas luces injusta, si se considera que no era su cometido colaborar en el desalojo forzoso de esta persona. En este caso una anciana de 80 años.
