Fiscalidad más sostenible para la I+D+i y el Medio Ambiente

El 5 de marzo de 2011, se comunicó en el Boletín oficial del Estado la entrada en vigor de la ley engloba numerosos aspectos de la economía nacional, que componen un texto tal vez demasiado heterogéneo, que más que un marco regulador, se trata de un conjunto de medidas anticrisis con rango legal. Sin embargo, a pesar del variado ámbito de aplicación, el espíritu de la mayor parte de la ley es claro: reforzar el apoyo a las empresas españolas en aquellos aspectos que pueden ser diferenciales para afrontar una salida de la crisis no sólo con solvencia, sino a través de la competitividad y la sostenibilidad.

En materia de I+D+i, el derecho de las empresas a deducir el gasto incurrido en el Impuesto sobre Sociedades en cada ejercicio ha sido incentivado. La desgravación continúa siendo entre un 25% y un 42% del gasto incurrido en cada año, y para la innovación tecnológica, pasa a ser de un 8% a un 12%. Además, estas deducciones tendrán como límite de aplicación un 60% de la cuota íntegra, frente al anterior 50%.

Respecto a la deducción por inversiones medioambientales, plantea un porcentaje de deducción del 8% para las inversiones realizadas en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica, contra la contaminación de aguas o para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios.

Sin duda, una positiva tendencia, más para un marco fiscal que tan sólo dos años atrás tenía el 2011 como último ejercicio de desgravación y que tras sucesivas reformas no sólo se ha mantenido sino que ha salido reforzado. Sin embargo, el periodo de aplicación no concuerda con el título de la ley, 'Sostenible'. La mayoría de empresas cuyo ejercicio fiscal coincide con el año natural, disfrutarán por primera vez de estas deducciones fiscales el 25 de julio de 2013, plazo que se antoja demasiado largo para plantearlo como medida de impacto inmediato en la maltrecha economía española, ya que la ley entra en vigor para los ejercicios fiscales que comiencen tras su publicación en el BOE.

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