Al Concello de San Cibrao (5.558 habitantes a enero de 2022) no le quedará otra que pagar una multa al Gobierno central por un total de 1.184.745 millones de euros por vertidos contaminantes al río Barbaña en los años 2008 y 2019. El Supremo ha cerrado su última opción para eludir la sanción impuesta por Consejo de Ministros en septiembre de 2021 al no estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por el ente local. Y por si fuera poco, le impone las costas procesales, 4.000 euros más IVA. El Ayuntamiento “acatará la sentencia”, asegura el regidor. “No queda otra”, admite resignado Manuel Pedro Fernández.
El elevado importe de la multa compromete seriamente el presupuesto de un Concello que acoge la mayor área industrial de la provincia, una cuenta que asciende este año a 6,6 millones, de los que medio millón están destinados a inversiones. “Esta multa es una locura, nos arruina el presupuesto de dos años, como mínimo, pero a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) le da igual; solo se preocupa de sancionar y no de buscar soluciones”, asegura Fernández. El ente local, que ya abonó 300 mil euros, trataba de reducir la multa al reconocer los hechos pero bajo la premisa de que la culpabilidad estaba diluida porque la Administración local no puede asumir la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), la única alternativa para sanear el Barbaña.
El ente local solicitaba a los jueces la nulidad del acuerdo sancionador o, subsidiariamente, que se fijase en 500.000 euros la cuantía de la multa, y una reducción de un 20% por haber asumido la responsabilidad. El consistorio, como titular de una concesión de vertidos al cauce del río, concedida por la Confederación Hidrográfica del Miño en 2004, tenía que cumplir determinadas condiciones del vertido, alusivos a límites de carga contaminante. Tras las inspecciones realizadas entre 2018 y 2019, técnicos del organismo de cuenca constataron que el vertido superaba los límites establecidos, con los consiguientes daños en el cauce público, por lo que procedió a abrir dos procedimientos sancionadores que se unificaron en uno solo por “infracción muy grave”.
Mejora sin adjudicar
La mejora de la EDAR y una nueva red de colectores de 14 kilómetros está sin adjudicar -recuerda el alcalde que el Concello está ya con la modificación del PXOM para viabilizar la obra-, por lo que augura que los vertidos seguirán, sobre todo en verano “cuando el único caudal del río sea el agua que sale de la depuradora”. “Qué hacemos entonces? ¿Cerrar todas las empresas del Polígono?”, pregunta.
Al alcalde del PP, ante la perspectiva de apretarse el cinturón, le apoyan político de su partido. “No es posible que la única alternativa, mientras las obras se ejecutan, sea la de sancionar con elevadas multas al Concello de San Cibrao por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autotización de vertido cuando desde el Ministerio de Transición Ecológica y la CHMS se demoran las soluciones técnicas para evitarlos”, asegura el diputado Celso Delgado en una reciente Proposición no de Ley presentada en el Congreso para instar al Gobierno a agilizar la tramitación administrativa y ambiental de modo que se puedan licitar las obras del saneamiento integral 2023.
Uno de los colectivos más crítico con la contaminación del Barbaña, Ríos Limpos, que denució el caso sancionado junto a Amigos da Terra, recuerda que serán los vecinos de San Cibrao los que paguen. “Os responsables da contaminación, os que teñen a obriga de cumprir coa lexislación, a obriga de ter o río saneado, a obriga de que funcionen as depuradoras ao longo do conxunto da bacia deste río, responsables da empresa adxudicataria da depuradora, responsables das administracións públicas con competencias... non fixeron nin fan nada para evitar a contaminación nin a morte biolóxica deste río”, aseguran.
Reproche judicial: “Culpabilidad hay y en su forma más intensa”
La Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021 por el que se impuso a San Cibrao una multa de un millón de euros y una indemnización de 184.745 euros por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico por vertidos de aguas contaminantes al Barbaña. Los magistrados rechazan la alegación relativa a la falta de culpabilidad por parte del Ayuntamiento relativa a que no podía asumir los costes de depuración con una mejora o una nueva estación depuradora. En primer lugar, ha tenido en cuenta que el Ayuntamiento “admite y acepta los hechos imputados” y cuestiona que pretenda justificar los mismos por el deficiente funcionamiento de las instalaciones de depuración.
Además, destaca que “pese a conocer esas deficiencias, se continuó realizando el vertido, culpabilidad hay y en su forma más intensa de conciencia y representación del daño”. Considera que las circunstancias de las que “se quiere eximir el Ayuntamiento como causa de justificación del vertido” no pueden ser acogidas porque “fue el mismo Ayuntamiento el que solicitó y asumió la concesión para un vertido urbano con unos límites de carga contaminante”.
“Estaba en su manos vigilar dichos límites y, o bien no autorizar o condicionar autorizaciones o licencias que alterasen dicho vertido o modificar las instalaciones depuradoras, coste al que debía cooperar, como una exigencia más de la urbanización de los terrenos en que debieron instalarse las edificaciones a que se hace referencia”, insiste el tribunal, que supuestos defectos en la tramitación del procedimiento.”
