Mujer extranjera con una media de edad de 36 años; responsabilidades familiares en su país de origen o en España; estudios primarios o secundarios no reconocidos ni homologadas en España y desconocimiento del acceso a sus derechos; vulnerable por su situación administrativa irregular, víctima de violencia de género; en algunos casos mujeres embarazadas … Y todas ellas con falta de oportunidades. Este es el perfil de las víctimas de trata en Ourense. En 2021, se detectaron 13 casos con indicadores del delito de trata y explotación sexual”, según recoge la Fiscalía gallega en su última memoria, con datos del servicio de Extranjería en esta provincia. En este 2022, según María del Carmen Alonso, la coordinadora de Alumar, que ayuda a las víctimas desde la organización Cáritas, son ya alrededor de medio centenar.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual tiene en la provincia de Ourense en las mujeres extranjeras de mediana edad, engañadas en sus países de origen bajo la promesa de un futuro mejor, y en menores que se escapan de centros de acogida a sus principales víctimas, tal como revelan las operaciones policiales desarrolladas en los últimos diez años.
En estos momentos, hay una única causa judicializada en los juzgados de la ciudad, con cuatro personas investigadas, y precisamente las dos perjudicadas son menores de edad. Según la Policía Nacional, fueron víctimas de proxenetas que les ofrecieron ayuda, tras escaparse del centro de menores de Montealegre, una situación de especial vulnerabilidad y que fue aprovechada por los tratantes, utilizando la figura del “lover-boy”. “Consiste en la captación de mujeres a las que trata de enamorar para crear una dependencia hacia ellos; las seducen mediante engaño, chantaje emocional y coacciones, aprovechando, además, su situación de necesidad o vulnerabilidad, y llegan en muchos casos a pensar que ya no podrían vivir sin sus captores”, asegura un agente de la Policía Nacional.
El anteproyecto de ley integral contra la trata, al que el Consejo de Ministros dio luz verde hace unos días, contiene medidas novedosas contra la explotación sexual, la modalidad más extendida. Así, contempla penas de uno a cuatro años para los puteros: quien sin haber intervenido como autor o partícipe haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima de trata con fines de explotación sexual (y el resto de fines) “será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años”.
Un aspecto novedoso es que contempla ayudas a las mujeres sin necesidad de pasar por el juzgado. Ahora les están vetadas si no denuncian y las que lo hacen son la punta del iceberg. En 2021, la Subdelegación del Gobierno de Ourense otorgó la residencia temporal y permiso de trabajo, por circunstancias excepcionales, a un víctima de trata por colaboración con la investigación.
La nueva norma pretende poner coto a una forma de esclavitud en pleno siglo XXI y que se reinventa. Al traslado de las mujeres por parte de los tratantes de los clubes de alterne a los pisos para el ejercicio de la prostitución se une una nueva mutación en cuento a lugar de explotación. “Últimamente, son trasladadas a pisos turísticos o vacacionales de alquiler, lo que complica más si cabe la identificación debido al constante traslado y la falta de control sobre esta clase de inmuebles”, aseguran fuentes judiciales.
La Fiscalía de Ourense pone el acento en la información, formación y educación en distintos sectores de la población como mejor manera de combatir la trata y el consumo de prostitución. Sin olvidar a las víctimas, muchas de las cuales desconocen sus derechos.
Para el Ministerio Público, la lucha contra la trata debe estar centrada en la protección de las víctimas en alusión a una postura “victimocéntrica”. Junto a los jueces consultados coincide en que el abordaje “no pasa exclusivamente por la correcta tipificación de las conductas o la persecución policial y judicial de sus autores, sino que , además, debe realizarse atendiendo a las necesidades de protección y reparación de las víctimas”.
