La huelga es un derecho, no una imposición

Quiero expresar mi más absoluta indignación ante determinadas conductas que hemos presenciado durante la huelga general celebrada este 11 de noviembre. Resulta verdaderamente vergonzoso que, en pleno siglo XXI y en un Estado democrático de derecho, haya establecimientos que se vean obligados a cerrar sus puertas por las presiones de quienes pretenden imponer una huelga que, por definición, debería ser libre y voluntaria. Igualmente inadmisible resulta que se obstaculice el acceso a los centros educativos mediante piquetes, impidiendo que quienes sí queríamos asistir a clase pudiéramos hacerlo con normalidad.

Lo sucedido en distintos puntos de España resulta inadmisible. Comercios que cierran ante la presión de los piquetes, trabajadores y clientes increpados y establecimientos que sufren actos vandálicos por intentar desarrollar su actividad con normalidad. ¿Desde cuándo defender los derechos de unos justifica pisotear los de otros? ¿Qué sentido tiene reivindicar libertades mediante la intimidación de quienes deciden ejercer las suyas?

El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esta cuestión en su Sentencia 137/1997

Conviene recordar algo tan elemental como frecuentemente olvidado: la huelga es un derecho, no una obligación. El artículo 28.2 de nuestra Constitución reconoce expresamente el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Sin embargo, ese reconocimiento constitucional no concede a nadie la facultad de imponer su voluntad sobre quienes legítimamente deciden continuar trabajando. Tampoco debemos olvidar el artículo 27, que reconoce el derecho fundamental a la educación.

El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esta cuestión en su Sentencia 137/1997, al señalar que el derecho de huelga no ampara las coacciones ni los comportamientos intimidatorios contra terceros. Los piquetes pueden informar, manifestarse y tratar de convencer, pero jamás obligar, amenazar o impedir por la fuerza que alguien trabaje.

Como estudiante de Derecho, considero especialmente preocupante que se confunda el ejercicio de un derecho fundamental con una supuesta autorización para vulnerar los derechos ajenos.

Ni la Constitución ni la democracia pueden servir de excusa para semejantes actuaciones.

Rubén Nicolás Garrido Castro

(Ourense)