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La justicia nunca ha sido igual para todos, no lo es y no lo será nunca, así de claro. Acabamos de conocer la sentencia del Sr Urdangarin después de un largo proceso con una condena de 70 meses de prisión. No pongo en duda su culpabilidad y que la sentencia no sea justa, pero claro, a la vista de esto se oyen voces de todo signo diciendo que sí, que la justicia es igual para todos, algo que no comparto. Esperé tiempo a que Emilio Botín, que estaba condenado por la jueza Teresa Palacios Criado, por el fraude fiscal de las primas únicas y la cesión de créditos, por unas cantidades de cientos de millones de euros, y todo el proceso se va dilatando hasta que el 9 de septiembre de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero se entrevista con el banquero en la Ciudad Santander, y luego a los ciento cinco días sale una sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia como la “Doctrina Botín”, contra el criterio de cinco magistrados que manifiestan muy duramente su disconformidad al mal precedente.
Cito algunos casos más, Alfredo Sáez Abad le paga al juez Luis Pascual Estevil en 1994 siendo Saez el reflotador de Banesto, algo que ya flotaba, y que utilizando de forma fraudulenta la justicia mete en la cárcel a cuatro clientes, que al salir van contra Saez. El juez del juzgado 20 de Barcelona, causa 3266/95, pide 7 años de cárcel, fuerte multa e inhabilitado para ejercer cualquier puesto directivo en banca. Pues no, sigue en su puesto hasta noviembre de 2011, y con un gobierno en funciones le concede el indulto, contra el criterio del Tribunal Supremo. El juez Estevill es expulsado de la carrera. El abogado de Saez Abad es Rafael Jiménez de Parga.
Tenemos el caso de Caja Castilla la Mancha, con un agujero de 9 mil millones de euros y que por única vez en la democracia se reúne el Gobierno un domingo, 30 de marzo de 2009, por la tarde para estudiar su intervención. El presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, es juzgado. Le ponen una multa de 30 mil euros, una condena de dos años y como no tiene antecedentes no ingresa en prisión, esa comunidad entonces estaba presidida por José Bono Martínez.
Un caso similar lo tenemos en Caja Cataluña, con Narciso Serra Serra, que deja un faltante de 720 millones de euros y un agujero en la caja de 12 mil millones de euros, y de momento no ha sido procesado y dudo que pueda entrar en la cárcel.
El caso sangrante de los Albertos, que le han secuestrado a sus socios 25 millones de euros y de momento después de más de 20 años no entraron en prisión y dudo mucho que vayan a entrar.
Para terminar, el mayor escándalo de toda la historia de la justicia española tenemos el caso de Jorge Pujol Soledado, que deja un agujero de 1.800 millones de euros en 1983. Luego crean un tribunal superior de Justicia en Barcelona y, contra el criterio de seis magistrados, es indultado a los tres años, y desde entonces no ha dejado de hacer fechorías él y su familia, y aún se atreve amenazar al Ejecutivo diciendo que si le pasa algo, que puede caer todo el sistema, y así estamos.
Por todo lo dicho, y más del doble que me queda por decir, la justicia no es igual. Por tanto, en mi opinión, el 70% de la población reclusa hay que ponerla en la calle. Al pobre se le aplica la justicia y al rico se la interpretan.
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