¿Lucha callejera?

Las “manifestaciones” celebradas en los últimos días en Coruña, Barcelona y Bilbao han vuelto a situar la violencia callejera en el centro del debate político.

Hemos visto un patrón similar: grupos de “valientes” encapuchados, amparados en banderas ficticias, con fuerte presencia de menores de edad utilizados a sabiendas de su inimputabilidad (¿dónde están esos padres?), provocando y agrediendo a las fuerzas de seguridad hasta que éstas pueden reaccionar, maniatadas por una legislación blanda y unas instrucciones políticas muy subjetivas dependiendo de quien ejerza la violencia.

Si bien hay diferencias en estos tres lugares. En Coruña, protestando contra quienes no piensan como ellos e impidiéndoles hablar, y después utilizando la violencia contra la Policía y pretendiendo que ésta no tenga derecho a defenderse y culpándola de todo. En Barcelona, violencia y pillaje porque sí, destrozando mobiliario urbano y negocios y aprovechando para saquear todo lo que pudieron. En Bilbao, actuando como la “kale borroka”, con cánticos incluidos coreando a aquella banda de asesinos. La respuesta de las instituciones debe apoyarse en dos principios inseparables: garantizar la libertad de expresión de todos, incluyendo los que no piensan como nosotros, y preservar la seguridad pública. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de actuar con proporcionalidad, proteger a las personas y evitar abusos, para lo cual deben ser suficientes en número y medios disponibles a su alcance. Al mismo tiempo, quienes destruyen mobiliario, atacan a agentes o ponen en riesgo a otros ciudadanos deben responder ante la justicia, con independencia de su ideología o de la causa que invoquen. El problema se agrava cuando los partidos políticos relativizan la violencia cuando procede de sectores afines (si atacan a los otros, está justificada; si atacan a los míos, es “fascismo” -palabra tan pervertida sin valor alguno-). La democracia y la seguridad no pueden depender de quién protagoniza los incidentes, sino de la gravedad de los mismos.

España necesita un debate político menos incendiario y más responsable. Los políticos, como es obvio, no están por esta labor, ya que, de diversas formas, esto moviliza votos y nuestra papeleta en las urnas con el logo de su partido es el único interés que tienen, ya que vale lo mismo el voto de un ciudadano honrado que el de un delincuente.

Defender el derecho a protestar implica también rechazar la violencia sin excepciones. Replicar lo que ha sucedido en Francia nunca será buena idea. Y mientras, Ceuta sigue invadida y abandonada a su suerte: En las manifestaciones -convocadas por las Mujeres Caballas, por cierto- a favor de su liberación no estaban (ni se esperaba) los grupos de Coruña, Barcelona o Bilbao, por algo será.

Roberto González Varela

(Ourense)