Un país no crece despidiendo

En los debates económicos actuales se repite con insistencia que el mercado laboral español es “demasiado rígido”, y que esa supuesta rigidez impide a las empresas adaptarse con agilidad a un entorno cambiante. Lo que rara vez se discute es qué entendemos por rigidez: ¿la existencia de contratos estables?, ¿la necesidad de justificar un despido?, ¿la existencia de indemnizaciones por terminación unilateral del vínculo laboral?

La historia demuestra que la estabilidad en el empleo no es un freno al crecimiento sino todo lo contrario. Durante los años sesenta y primeros setenta, España vivió un periodo de expansión económica sostenida. En ese tiempo, el vínculo entre empresa y trabajador era fuerte y las garantías laborales firmes. La prosperidad fue compatible -e incluso dependiente- de una estructura laboral basada en la previsibilidad, el arraigo, la estabilidad y la protección.

Hoy, en cambio, se normaliza una flexibilidad que significa, en la práctica, rotación constante de personal, miedo y una precariedad estructural pasmosa. Esa inseguridad impide a las personas planificar su vida, comprometerse con un proyecto familiar o invertir en su propio desarrollo; y tiene, además, efectos económicos claros y directos para el país: consumo débil, ahorro bajo y freno evidente al crecimiento estructural.

Un país no se fortalece sobre el empleo desechable. El despido no debería convertirse en la primera respuesta a las dificultades empresariales, ni en un gesto sin consecuencias humanas. Detrás de cada contrato hay una vida organizada en torno al trabajo. Banalizar ese vínculo es un síntoma preocupante de deterioro moral y social.

El Derecho del Trabajo no nació para servir a la eficiencia empresarial, sino como respuesta al desequilibrio estructural entre quien necesita trabajar y quien tiene el poder de contratar. Es un derecho de garantía, no de gestión; una barrera de civilización que protege al más débil del abuso del más fuerte. Por eso conviene recordar que, incluso en contextos de transformación, el trabajador no es un coste a reducir, sino un sujeto de derechos que merece protección y respeto.

Marta González (O Carballiño)