Reflexiones tribuladas

“No sirven de nada las desgracias a aquel que no aprenda en ellas” (Séneca)

Vivimos inmersos en un régimen capitalista, donde lo que se busca es el máximo beneficio en el menor plazo posible. Invertir en estructuras es un gasto amortizable a largo plazo, por lo que se dilatarían los beneficios. Con la liberalización del sector ferroviario en España ya operan empresas privadas que compiten con la española Renfe: guerra de precios y mayor número de viajes. Frente de ellos, una empresa estatal está a cargo de las estructuras ferroviarias, Adif. Está obligada a invertir mucho más dada la densidad de tráfico. En la actualidad, la alta velocidad ha transportado en un año 40 millones de pasajeros, un 77% más que hace una década. En ese período hemos pasado de 15 euros de inversión por pasajero a 8,5%. No se puede revertir al ratio anterior. A no ser que se minore la partida en otras inversiones en materia de transporte a espaldas de lo que interesa a la sociedad.

Expongo sobre lo último algo que me ha llamado la atención. El Gobierno invertirá 13.000 millones para ampliación de los aeropuertos, con la finalidad de atraer más turismo. Un turismo ya de por sí masificado, que tensiona a la población residente. Verbigracia en el capítulo de arrendamientos. En algunas ciudades ya se han declarado zonas tensionadas. Adif, siendo una empresa estatal, acude mayormente a la subcontratación para el mantenimiento de las estructuras ferroviarias. Muchos casos se dan de subcontratas de subcontratas. Así nos encontramos con una mano de obra tan escasamente cualificada como precaria, para mayor margen de beneficios del subcontratista y pérdida de seguridad en obra.

Sería deseable que nuestra clase política, sin distinciones ideológicas, aprendiesen de las muchas desgracias colectivas en los que hemos padecido: Yak-42, avión McDonell en Barajas, Angrois, Adamuz, Urda. Aprendiendo de ellas, asumir las responsabilidades políticas habidas y, por empatía hacia los fallecidos y a sus deudos, dimitir de sus cargos. El ministro Óscar Puente ha podido entenderlo y ahí su necesaria dimisión, sin más dilación.

Las responsabilidades penales se dirimirán en sede judicial en ya abierta investigación. Ya metidos en pre campaña electoral, por higiene moral estas desgracias no deberían ser objeto de descalificaciones hacia el contrario. Tengamos un mayor respeto a quienes perdieron su vida en desgraciados accidentes. Lo contrario es obsceno practicando política carroñera. La protección de vidas humanas no es una cuestión partidista, es una cuestión de Estado.