El silencio administrativo pone en peligro la cafetería del Jardín Japonés de Ourense

El Jardín Japonés del Parque San Lázaro vive un nuevo episodio en su historia de aperturas y cierres. En este capítulo se cruzan la interpretación del silencio administrativo, por una parte, y las discrepancias entre dos empresas implicadas en la gestión del espacio de hostelería.

El conflicto comienza cuando la actual adjudicataria, que dispone de un contrato de cinco años desde 2021, inicia los trámites para traspasar la gestión del local a sus actuales gestores, quienes llevan prestando el servicio aproximadamente un año. Ambas partes acordaron la venta del mobiliario presente, y quién se haría cargo del pago del canon al Concello de Ourense, establecido en 68.970 euros anuales. El cambio de titularidad se llegó a plantear al consistorio, e incluso contó con un informe favorable por parte del asesor jurídico en septiembre de 2023, quien propuso la autorización de la cesión del contrato al gobierno local.

A partir de ahí, se habría impuesto el silencio administrativo, interpretado favorablemente por la adjudicataria, con lo que el traspaso siguió adelante, y se efectuaron algunos pagos. Pero el expediente no continuó su proceso, deteniéndose en algún punto sin resolución a favor ni en contra. Y al consumarse el cambio de nombre del local y la rotulación del mismo, el consistorio reclamó el inclumplimiento de una de las condiciones, que prohíbe ceder, traspasar o arrendar el local; así que reclamó el aval de más de 14.000 euros depositado, e inció los trámites de disolución del contrato. Una decisión contra la que se presentaron alegaciones en abril de este año.

Mientras el expediente se resolvía, ambas empresas interesadas entraron a su vez en conflicto, pues quienes iban a asumir la concesión dejaron de pagar el canon municipal, y nunca fueron registrados como nuevos adjudicatarios, lo cual dejó a los interesados en el traspaso como responsables de la deuda contraída con el consistorio. Un conflicto que va camino de dirimirse en el juzgado. Con firma del 13 de agosto, el Concello ordenaba iniciar los trámites de resolución del contrato, por lo que los adjudicatarios entienden que el local debería cerrarse, y sus actuales ocupantes ser desalojados antes de sacar la concesión de nuevo a concurso.