La dependencia contará con 6.200 millones más hasta 2027

ANUNCIO DE SÁNCHEZ

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que aumentará las cuantías de las autonomías

Pedro Sánchez y Pablo Bustinduy, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad.
Pedro Sánchez y Pablo Bustinduy, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad. | Matías Chiofalo

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con “la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia” que asciende este año a un total de 2.218 millones de euros extra, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre 2026 y 2027, la inversión será de 6.200 millones de euros más respecto a los últimos presupuestos, según informó el Ministerio de Derechos Sociales. “Hoy el Consejo de Ministros y Ministras, que vamos a celebrar en escasos minutos, va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática. Estamos hablando en concreto de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan”, avanzó Sánchez ayer, en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en la sede del Imserso.

Según precisó, esta inversión, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, “casi multiplica por cinco” la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y “va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura”: que “la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027”.

Aumento de cuantías

Así, detalló que el real decreto ley aumentará las cuantías mínimas que reciben las comunidades autónomas -que son las competentes en la materia-, de forma que las personas con grado 2 de dependencia, “van a contar con el doble de financiación” y quienes tienen un grado 3, la situación de mayor vulnerabilidad y necesidad, “verán más que duplicado ese apoyo”. Todo ello, manteniendo el grado 3+, que el Gobierno aprobó hace menos de un año para personas con una situación de extrema dificultad, como los pacientes con ELA.

En concreto, según desarrollaron posteriormente desde el Ministerio de Derechos Sociales, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes; y las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

En total, destacan que estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno de España a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027. Además, concretan que “se blinda” a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el Gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley. “Con esta decisión, este año culminaremos una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación. Damos un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, más justo, más humano”, abundó Sánchez. Actualmente, en España, hay 1.682.785 personas con prestación efectiva, según los últimos datos publicados por el Imserso a 31 de mayo de 2026.

Tres objetivos

Además, el presidente del Ejecutivo puso de relieve que, con este impulso van a lograr tres objetivos “fundamentales, el más importante de ellos, reducir las listas de espera”. Un total de 271.556 personas se encontraban a la espera de la dependencia a 31 de marzo de 2026, un 2,5% menos que hace un año. De ellas, 152.249 personas llevan esperando más de seis meses, que es el plazo máximo que establece la ley (180 días) para que la Administración resuelva estos procedimientos, la mitad que en 2020.

En segundo lugar, con esta inversión quieren “garantizar más y mejores cuidados al aumentar la intensidad de la atención y reforzar los apoyos que reciben las personas dependientes”. Asimismo, explicó que el tercer objetivo es “dignificar los salarios, las condiciones laborales y mejorar el reconocimiento social de los miles de profesionales” del sector de la dependencia, en su mayoría mujeres que, a su juicio, realizan una labor imprescindible.

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