En compás de espera

La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a durísimas penas de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su mano derecha, Koldo García, pero que ha dejado en libertad al jefe de todos ellos, al corruptor y comisionista Víctor de Aldama, ha dejado la situación política nacional en una situación de paréntesis a la espera de que otros presuntos delincuentes o delincuentes confesos, como fue el caso de este último, se decidan a emprender una colaboración “muy cualificada” con los jueces en otros casos de corrupción que afectan al PSOE, que son los que en este oscilar del péndulo que parece imposible de frenar están en investigación.

Una vez que se hayan cumplido todos los análisis sobre la corrupción en el entorno del PSOE, se hayan asumido las consecuencias políticas de esta primera sentencia del “caso mascarillas” que ha puesto en evidencia a Pedro Sánchez, pero sin llegar al extremo de que Feijóo se decida a presentar la moción de censura, o la muchísima menos probable dimisión del presidente del Gobierno, a la oposición solo le queda esperar que aparezca alguna prueba que obligue al Congreso a votar el suplicatorio de Pedro Sánchez para que testifique ante el Tribunal Supremo sobre si conocía o animó las tramas del PSOE, o a que aparezcan los arrepentidos que se saltan la ley de la “omertá” y esperan obtener beneficios penitenciarios, al menos tan significativos como los que ha logrado Víctor de Aldama, que obtuvo cuatro millones de euros de comisiones por la venta de mascarillas que no tendrá que devolver, y que ha sido condenado a un año de trabajos en favor de la comunidad como pena más gravosa, tras haber evitado la cárcel.

Sin dejar de pensar que las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en función de policía judicial, seguirán indagando y buscando pruebas de los casos de corrupción, quienes quieren que apriete el cerco judicial sobre el Gobierno prefieren, sin duda, la vía más expeditiva del colaborador calificado, y entonces vuelven la vista hacia Julio Martínez Martínez, “Julito”, el amigo de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, asesor en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y supuesto conocedor de todas las actividades de consultoría que encubrirían el cobro de comisiones por parte de ZP y de sus actividades en Venezuela o Chile, que podría derribar así el faro moral del sanchismo .

La segunda interpelada sin rubor desde la derecha es la “fontanera” Leire Díez, guardiana de los secretos de la presunta trama para realizar actividades entorpecedoras de las investigaciones sobre los casos que afectan al PSOE y al Gobierno y que podría llevar al PSOE a ser investigado por asociación criminal y dar datos sobre su financiación ilegal, lo que supondría el fin abrupto de la legislatura. Los colaboradores cualificados, no obstante, tiene que medir bien los tiempos, para que su aportación sea realmente inculpatoria de otros investigados, aunque en el caso de Aldama muchas de sus denuncias habían sido obtenidas de antemano por la UCO.

La cuestión entonces es qué hacer en tanto aparecen los colaboradores cualificados, porque algunos de los procesos en marcha están siendo cuestionados por las defensas, como en el caso de Zapatero, no vaya a ser que el juez instructor se precipitara y las pruebas logradas tuvieran visos de ilegalidad, aunque es más fácil, incluso, que un rico entre por el ojo de una aguja que un juez reconozca que se ha equivocado.