Los transportistas exigirán el dinero de los peajes de la AP-9

Transportistas gallegos elevarán en septiembre una denuncia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para reclamar la nulidad de dos prórrogas concedidas a Audasa en la AP-9. La primera, ampliada en el año 2013, que se extendería durante diez años, y la segunda, en 2023, cuyo plazo finalizaría en el 2048. Además, exigirán el abono a la concesionaria Audasa parte del dinero cobrado en los peajes de forma indebida, aunque de momento no existe una cuantía estimada a reclamar. Exigirán esas devoluciones de pagos a partir del 2013 para que devuelvan “lo que han cobrado de más”, en una medida que también se puede extender a particulares, siempre y cuando cuenten con los pertinentes comprobantes de pago.

Desde Fegatramer (Federación Galega de Transporte de Mercancías) aseguraron que formalizan esa demanda para acelerar una resolución ya tomada por la Comisión Europea y que la liberalización de la AP-9 no se estanque en un sinfín de recursos y plazos infinitos. “No podemos esperar por una decisión que sabíamos todos desde 2019”, indicó Carlos García, secretario de Fegatramer.

“Sonrojante”

El cobro por la circulación de la AP-9, según García, es algo “sonrojante”, para los ciudadanos gallegos, más aún cuando un dictamen europeo lo ha considerado ilegal, y teme que el Gobierno actual paralice la decisión a través de recursos. “No sabemos de qué va ni qué va a hacer el Gobierno. Nos tiene desconcertados, porque un día dice que la prórroga del 2000 con Aznar al frente fue irregular y, al otro, indica que va a recurrir el dictamen de la semana pasada”, aseguró. Además, García recalcó que el organismo europeo es una representación de los 27 países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España y, por tanto, fluctúa según los intereses que existan en ese momento.

La decisión en Fegatramer fue consensuada por las seis asociaciones (Acotrades, ACTC, Asetranspo, Operadores Logísticos, Tradime y Aetrans). Su presidente, Ramón Alonso, aseguró en una reunión mantenida ayer que el único objetivo de imponer esta denuncia es “recuperar jurídicamente esa autopista y que de una vez sea gratuita”. Por tanto, apunta a un órgano competente como el Tribunal Supremo para “tener certezas, porque son 4.000 transportistas los que pasan todos los días por la AP-9 gastando un dinero por circular en una autopista que tiene una prórroga ilegal”.

La asociación de transportistas gallegos apunta al Gobierno como el principal beneficiado de esta prórroga (así como Audasa), que sirvió “para que el Estado inflase su valor e ingresase mil millones de euros más por la venta de las acciones”.