La Asociación de Diplomáticos defiende al personal consular ante las "acusaciones sin fundamento" por la ley de nietos

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha salido en defensa del personal de los consulados españoles ante las «acusaciones sin fundamento» surgidas en relación con la aplicación de la ley de nietos. La organización sostiene que los funcionarios se han limitado a aplicar la legislación y las instrucciones recibidas y denuncia la falta de medios y de planificación con la que tuvo que afrontarse la elevada demanda de solicitudes de nacionalidad.

En un comunicado, la Junta Directiva de la ADE ha llamado la atención sobre el hecho de que la Ley de Memoria Democrática entrara en vigor sin un periodo de adaptación previo, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La asociación recuerda que una situación diferente se produjo con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que estableció un plazo de un año antes de su entrada en vigor, lo que permitió preparar instrucciones, ampliar instalaciones consulares y reforzar algunas plantillas.

Según la ADE, pese al elevado número potencial de solicitantes y a la ampliación de los supuestos contemplados en la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022, no se preparó previamente la red consular para hacer frente al volumen de trabajo.

La asociación señala que las medidas necesarias se fueron adoptando sobre la marcha, incluidas herramientas electrónicas para gestionar los expedientes. Además, ante la proximidad del final del plazo para presentar solicitudes, los consulados tuvieron que recurrir a soluciones extraordinarias para atender a miles de interesados.

Para la ADE, esta situación evidencia una "imprevisión y ausencia de planificación" y constituye un nuevo ejemplo, a su juicio, de la falta de atención que recibe el Servicio Exterior.

No dan abasto

La organización destaca que la falta de recursos fue compensada en parte por el esfuerzo extraordinario de los empleados públicos de la red consular. Según la asociación, estos funcionarios tuvieron que organizarse con los medios disponibles y afrontar una demanda que en numerosos consulados superó ampliamente su capacidad.

Al mismo tiempo, los servicios consulares tuvieron que continuar con el resto de sus funciones, entre ellas la gestión del voto en los distintos procesos electorales, así como la inscripción de nacimientos y matrimonios.

La ADE asegura que muchos consulados «no dan abasto» y considera especialmente grave que durante las últimas semanas se haya cuestionado públicamente la profesionalidad de empleados de la red consular, llegando incluso a señalar a funcionarios concretos por supuestamente actuar contra la ley.

Denuncian amenazas e insultos en redes sociales

La Asociación de Diplomáticos también ha denunciado la creciente agresividad de algunos de estos señalamientos en redes sociales. Según afirma, funcionarios concretos han recibido insultos graves y amenazas de muerte, dirigidas en algunos casos también contra sus familiares y relacionadas con aspectos de su vida personal.

La ADE, presidida por Alberto Virella, ha expresado su «más rotunda condena» a estos ataques y ha defendido que los funcionarios consulares actuaron en cumplimiento de las normas y de las instrucciones recibidas.

La asociación recuerda además que los cónsules, en su condición de encargados del Registro Civil, tienen la obligación legal de ejecutar las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares dictadas por el Ministerio de Justicia.

Por ello, la ADE considera que los empleados públicos no pueden ser responsabilizados de las interpretaciones extensivas que puedan hacerse de las normas y reivindica el trabajo realizado por las unidades consulares para atender tanto a los ciudadanos españoles como a quienes solicitaron acogerse a las vías previstas para adquirir la nacionalidad.