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ASISTENCIA SANITARIA
El Gobierno de España ampliará el derecho a la cobertura sanitaria para nuevos colectivos vulnerables de ciudadanos españoles residentes en el extranjero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo anunció durante un encuentro con la colectividad española en Argentina, país donde residen más de 530.000 ciudadanos españoles, el mayor colectivo del exterior.
Hasta ahora, este derecho estaba restringido a los pensionistas españoles fuera del país. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ciudadanía Exterior—que el ejecutivo espera que está listo antes de que acabe el año—, se extenderá también a menores de edad, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia machista.
“Adaptamos la norma a la realidad actual”, afirmó la ministra, quien subrayó que esta ampliación forma parte de un conjunto de medidas pensadas para mejorar tanto la atención a la ciudadanía española en el exterior como para facilitar su posible retorno.
Junto a la extensión de la cobertura sanitaria, el reglamento también prevé reforzar de forma específica la protección para los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género podrán recibir ayuda directamente en su país de residencia o facilidades para regresar a España si así lo deciden. Además, estos colectivos tendrán prioridad en los programas de retorno.
Otra de las novedades será la mejora en el acceso a la sanidad pública durante estancias cortas en España. Aunque este derecho ya está reconocido, la normativa se ajustará para que su ejercicio sea más accesible y sencillo para los emigrantes y sus familias.
El nuevo reglamento también simplificará procedimientos como la tramitación del certificado de emigrante retornado, que se podrá gestionar de manera telemática, eliminando trámites innecesarios.
Además, se pondrá en marcha la Oficina Española del Retorno, que actuará como ventanilla única para atender a los emigrantes que desean retornar. Este punto de atención centralizada ofrecerá información y apoyo sobre empleo, vivienda, educación, homologación de títulos y trámites administrativos, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La norma también contempla un aumento de la financiación para centros y asociaciones del exterior, así como la creación de un censo que permita mejorar su acceso a ayudas y su participación institucional. “Al reforzar los Consejos de Residentes en el Exterior buscamos que los emigrantes tengan más voz en las decisiones del Gobierno”, destacó Saiz.
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