¿Qué exige Tellado a la directora general de Españoles en el Exterior en el burofax que le ha enviado?

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, en el que le exige que cumpla "con carácter inmediato y urgente" las resoluciones del Tribunal Supremo relacionadas con la conocida como ley de nietos. En el escrito, Tellado acusa a Exteriores de mantener una conducta "pasiva y obstruccionista" que, a su juicio, está dirigida a la "desobediencia efectiva" de lo ordenado por el alto tribunal.

El dirigente popular reclama que se ejecuten de forma "real y efectiva" los autos dictados por el Supremo el 10 de septiembre y el 12 de octubre, relativos a la suspensión de los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

En el burofax, Tellado advierte de que el eventual incumplimiento de las resoluciones judiciales puede acarrear responsabilidades personales para las autoridades y funcionarios implicados, incluidas posibles consecuencias penales. El PP extiende esa advertencia a los superiores jerárquicos de la directora general, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, si se acreditase que ordenaron o alentaron la conducta denunciada.

Tres exigencias concretas a Exteriores

Tellado reclama que todas las actuaciones requeridas se hayan realizado y comunicado por escrito antes del 23 de octubre de 2026, fecha límite que establece el PP en su escrito, ante el inicio del envío de documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero.

En primer lugar, exige que la Dirección General remita a la Oficina del Censo Electoral la información necesaria para distinguir entre los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por los supuestos de exilio contemplados directamente en la ley y aquellos cuyos expedientes se tramitaron al amparo de la instrucción del 25 de octubre de 2022.

En segundo lugar, solicita que se ordene a los responsables de los registros consulares la expedición de certificaciones que acrediten la condición de descendiente de exiliado, con referencia al 1 de agosto de 2026 y sin aplicar la presunción establecida en aquella instrucción. También pide que se comunique a la Oficina del Censo Electoral la relación de certificados expedidos antes del inicio del envío de la documentación electoral.

La tercera petición consiste en ordenar la publicación en los tablones de anuncios de las oficinas consulares de la parte dispositiva del auto del Supremo del 12 de octubre, con la advertencia recogida por el tribunal, y acreditar cuándo se ha realizado esa publicación en cada consulado.

Multas de hasta 1.500 euros y posibles penas de prisión

El secretario general del PP fundamenta sus advertencias en la obligación constitucional de cumplir las resoluciones judiciales y en las consecuencias previstas para las autoridades y funcionarios que desatiendan los requerimientos de los tribunales.

En el burofax recuerda que el Supremo puede imponer multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros a quienes incumplan sus requerimientos, así como trasladar los hechos a la jurisdicción penal si aprecia indicios de delito. Tellado cita también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que contempla para determinadas conductas de funcionarios relacionadas con el incumplimiento de las normas del censo electoral penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses.

El PP sostiene que, si la Oficina del Censo Electoral no recibe a tiempo los datos necesarios, la documentación podría enviarse indistintamente a los 163.020 electores cuyos efectos electorales están suspendidos. Según advierte el escrito, esto podría hacer irreversible el incumplimiento de las medidas cautelares para las elecciones previstas el 29 de noviembre de 2026.

Tellado amenaza con exigir responsabilidades

El dirigente popular concluye el burofax advirtiendo de que el partido exigirá "todas las responsabilidades" ante los órganos competentes si persiste la situación que denuncia. El escrito pone el foco tanto en las actuaciones que reclama a la Dirección General de Españoles en el Exterior como en la eventual responsabilidad de quienes tengan competencias en la ejecución de las resoluciones judiciales.

Por su parte, el ministro José Manuel Albares ha rechazado las acusaciones del PP y ha pedido a la formación que deje de "acosar" y "amedrentar" a los cónsules y al personal del Servicio Exterior. En declaraciones a TVE, ha calificado de "ridículas" las amenazas de acudir a la Justicia y ha negado que los consulados estén incumpliendo las exigencias del Supremo.