Las réplicas políticas de la Ley de Nietos: un terremoto electoral que enfrenta a Gobierno y oposición

Las réplicas del terremoto político provocado por la llamada Ley de Nietos continúan sacudiendo el debate público. La concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles, ha abierto una nueva falla entre Gobierno y oposición, con acusaciones cruzadas sobre memoria histórica, derechos ciudadanos y estrategia electoral.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido sus críticas a la medida, aunque ha rechazado utilizar el término “pucherazo”, empleado desde sectores de Vox. A su juicio, lo que existe es una “ingeniería electoral” al permitir la incorporación de nuevos ciudadanos al derecho al voto tras obtener la nacionalidad española.

Feijóo ha cuestionado que el Gobierno pueda incorporar, según sus cálculos, a unos 2,5 millones de potenciales nuevos electores en un periodo cercano a próximas convocatorias electorales. “Una cosa es un pucherazo y otra la ingeniería electoral”, ha señalado, insistiendo en que su formación no pone en duda el sistema electoral, sino la forma en que se amplía el acceso a la nacionalidad.

El presidente del PP ha acusado al Ejecutivo de actuar sin consenso y de modificar “sustancialmente” el censo electoral mediante una disposición de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. A su entender, el Gobierno estaría “fabricando votantes”, una acusación que ha rechazado de forma tajante el Ejecutivo.

El Gobierno defiende una reparación histórica

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado las palabras de Feijóo como una “locura paranoica” y una estrategia “trumpista”. Según ha defendido, la Ley de Nietos no responde a intereses electorales, sino a una cuestión de justicia con quienes tuvieron que abandonar España por razones políticas o personales.

Torres ha rechazado que pueda anticiparse el sentido del voto de quienes obtengan la nacionalidad y ha recordado que cada ciudadano ejercerá libremente su derecho cuando corresponda. “No se puede asumir lo que van a votar las personas”, ha señalado, acusando al PP de cuestionar a millones de descendientes de españoles.

El ministro ha defendido que esta medida “tendría que haberse hecho hace años” y ha acusado a la oposición de alimentar una sospecha injustificada sobre quienes recuperan un vínculo legal con España.

Sumar acusa al PP de preparar el terreno ante una derrota electoral

Desde Sumar, la reacción ha sido igualmente contundente. Su portavoz adjunto en el Congreso, Enrique Santiago, ha acusado al PP de adoptar una actitud “temeraria y antidemocrática” al cuestionar una norma aprobada legalmente.

Sumar considera que las críticas forman parte de una estrategia para no reconocer un hipotético resultado electoral desfavorable. El diputado Gerardo Pisarello ha calificado las acusaciones de “trumpismo puro” y ha defendido que los descendientes de exiliados tienen derecho a recuperar la nacionalidad española.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que estos descendientes tienen “más derecho que nadie” a ser reconocidos como españoles, al considerar que sus familias sufrieron persecución y tuvieron que abandonar el país.

Belarra ha vinculado esta medida con la reparación hacia quienes lucharon por la democracia y sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura.

La polémica sobre la Ley de Nietos ha abierto una nueva grieta en la política española. Para el Gobierno y sus socios, se trata de cerrar una deuda histórica con miles de familias separadas de España por la emigración y el exilio. Para el PP, la forma y el momento de aplicación generan dudas sobre su impacto electoral.

Como ocurre tras un gran terremoto, las primeras sacudidas no siempre son las más intensas: las réplicas continúan y, en este caso, la batalla política por el relato sobre la nacionalidad española y el derecho al voto promete prolongarse durante los próximos meses.