El Supremo permite votar a los 190.000 descendientes de los nacionalizados por la ley de nietos

Los descendientes de las personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la ley de nietos y que vivan en el extranjero podrán votar en las elecciones generales del próximo día 29 por decisión del Tribunal Supremo. A pesar de que no podrán hacer hacerlo más de 163.000 personas que se acogieron a esta normativa pero no acreditaron debidamente la relación de sus familiares con el exilio, el órgano judicial ha rechazado la petición de Iustitia Europa y Vox y ha renunciado a extender esa suspensión del derecho al sufragio, en línea con el planteamiento de la Abogacía del Estado.

Según la versión de la defensa del gobierno de España, impedir también el voto a otras casi 190.000 personas "incidiría de modo notorio" en los comicios e incluso en "su escrutinio", toda vez que no daría tiempo a discriminar esos posibles votantes antes de la cita con las urnas; y, aunque con matices, el escaso tiempo que falta hasta los comicios ha sido el criterio seguido por el Supremo.

En concreto, en los autos hechos públicos hoy, los magistrados recuerdan que tan importante como "la limpieza y la pulcritud" del censo electoral —algo que argumentaron para suspender el voto a quienes no acreditaron el motivo de salida de España de sus familiares— es la seguridad jurídica del proceso.

Así, subrayan que la decisión de impedir provisionalmente que esas personas pudieran votar se tomó antes del adelanto electoral decidido por Pedro Sánchez —y se ratificó una vez fijada la fecha de los comicios—, pero que esta nueva petición se pudo haber planteado "antes" y no "transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña".

La decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha recibido dos votos particulares. Uno de ellos, el de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, es para enfatizar su postura de que no se debió impedir tampoco a los nietos votar este 29-N; mientras el otro, del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, cuestiona que se sitúen los tiempos electorales por encima de "la pureza o certeza del censo".