Reclaman medidas al Supremo para impedir que la ley de nietos afecte a las elecciones del 29-N

La entidad Iustitia Europa, que junto con Vox llevó al Tribunal Supremo sus dudas sobre la disposición de la Ley de memoria democrática que se ha dado en llamar ley de nietos, ha vuelto a acudir al alto tribunal para reclamarle que tome medidas para garantizar que la suspensión cautelar del voto de los nuevos nacionalizados se aplique en las elecciones generales que Pedro Sánchez acaba de adelantar al 29 de noviembre.

Esta petición se fundamenta en que el censo de referencia para estos comicios es el cerrado a 1 de agosto, antes de que la suspensión cautelar hubiese entrado en vigor. Al hilo de ello, recuerda que el Supremo paralizó la inscripción censal para quienes todavía no figuraban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes y, para quienes ya se encontraban inscritos, acordó "la suspensión de los efectos electorales de su inscripción respecto de los procesos electorales que pudieran convocarse mientras permaneciera vigente la medida".

En concreto, el Supremo dejó en suspenso el derecho al voto de los nuevos inscritos mientras analiza la cuestión legal de fondo. Su objetivo, como argumentó, es preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", dada la "magnitud" del aumento del censo derivado de este proceso de nacionalizaciones.

Revisión de las nacionalizaciones

El alto tribunal deberá dictaminar sobre si la Junta Electoral Central es el órgano que debe revisar las altas en el censo exterior; pero el germen se halla en la validez de una instrucción —firmada por la hermana del ministro Óscar Puente— que amplió los supuestos legales que permitían acceder a la nacionalidad española: Vox consideró esta decisión ilegal, en la medida que excedía el marco de la Ley de memoria democrática, y reclamó la intervención de la JEC, que entonces se inhibió.

Sin haber estudiado a fondo de la cuestión, el Supremo apunta que esa instrucción administrativa, que apunta, por ejemplo, que no se requiere acreditar la condición de exiliado —basta con haber salido de España en determinados períodos— "no parece ajustarse" a la ley.