FEAER urge a la aprobación del Reglamento de Ciudadanía Exterior 20 años de la aprobación de la Ley

La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FEAER) reclama la aprobación del Reglamento de Ciudadanía Exterior, cuyo desarrollo está pendiente de aprobacion desde hace años y es especialmente necesario para garantizar el apoyo a las personas emigrantes retornadas.

La organización abordó esta cuestión durante la Asamblea General celebrada el pasado 2 de octubre, en la que hizo balance del trabajo desarrollado y analizó los principales retos a los que se enfrentan tanto las personas retornadas como las entidades que trabajan en su atención.

FEAER recuerda que han transcurrido ya 20 años desde la aprobación de la Ley 40/2006, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, sin que se haya completado todo su desarrollo reglamentario, yasegura que lleva años trabajando y colaborando con la Secretaría de Estado de Migraciones para impulsar esta norma. Según señala, durante el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior celebrado el pasado mes de mayo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, anunciaron que el texto sería remitido al Consejo de Estado y que su aprobación se produciría, como muy tarde, en agosto.

Sin embargo, FEAER, estamos ya en octubre y el Reglamento no solo no ha sido aprobado, sino que las entidades desconocen cuál es el estado actual de su tramitación.

Una herramienta para reconocer la labor de las asociaciones

Para FEAER, la importancia del Reglamento va más allá de la aprobación de una nueva norma. Considera que puede convertirse en una herramienta jurídica para garantizar recursos públicos destinados a las entidades que desde hace décadas prestan atención, orientación y acompañamiento gratuito a las personas que retornan a España después de haber vivido y trabajado en otros países.

Estas asociaciones atienden situaciones muy diversas relacionadas con el retorno y con los derechos generados durante los periodos de residencia y trabajo en el extranjero. Entre ellas se encuentran las dificultades para realizar trámites, acceder a prestaciones o ejercer derechos en otros países, además de cuestiones relacionadas con los servicios públicos y la fiscalidad.

Además, FEAER incide en que esta labor se mantiene actualmente, en buena medida, mediante pequeñas subvenciones y convenios con comunidades autónomas y entidades locales, además de las cuotas aportadas por miles de socios. La federación considera que estos recursos resultan insuficientes para responder a una realidad cada vez más compleja y reivindica un reconocimiento institucional y económico acorde con la función que desempeñan estas organizaciones.

"Una labor de interés público"

Por otra parte, la organización sostiene que las asociaciones de emigrantes y retornados están cubriendo una necesidad de interés público y contribuyendo a reducir las desigualdades que pueden sufrir los españoles que han desarrollado parte de su vida laboral en el extranjero.

FEAER reclama, por ello, que el futuro Reglamento establezca las herramientas necesarias para dotar de recursos mínimos a unas entidades que, según defiende, realizan una función que el Estado no puede asumir directamente en todos los casos, e insiste en que las consecuencias del retorno no terminan con la llegada a España. Para muchas personas, el regreso implica seguir afrontando trámites, derechos y obligaciones vinculados al país en el que residieron y trabajaron, en ocasiones sin encontrar el asesoramiento necesario.

"Desde FEAER seguiremos trabajando y reclamando que este Reglamento se apruebe", señalan desde la organización, que considera que el debate no se limita al desarrollo de una norma, sino que afecta directamente a los derechos y a la igualdad de los españoles que han emigrado y posteriormente han retornado al país. Para la federación, garantizar el desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior significa también asegurar que quienes regresan a España no tengan que afrontar en solitario las dificultades derivadas de su experiencia migratoria ni los procedimientos necesarios para reclamar los derechos adquiridos durante su etapa en el extranjero.