El Supremo exige al gobierno los nombres de los 163.000 nacionalizados por la ley de nietos con el voto suspendido

Cinco días. En ese plazo, el gobierno debe remitir al Tribunal Supremo una "relación nominal" de las 163.020 personas afectadas por la suspensión de su derecho a voto, aplicada de forma cautelar por entender que no se cumplieron las condiciones establecidas en la denominada ley de nietos para acceder a la ciudadanía española.

De no recibir esa información en plazo, el Supremo se reserva la potestad de multar o, incluso, de exigir responsabilidad penal a los ministros Félix Bolaños, titular de Justicia, o José Manuel Albares, responsable de la cartera de Exteriores. Según la última información proporcionada a los medios por este último departamento, por el momento remitió a la Oficina del Censo Electoral los datos de 70.000 personas, que no suponen ni la mitad de los afectados, pero el tribunal señala que solo tiene constancia de 31.390 expedientes.

Además, apunta que recibió de la Abogacía del Estado un informe que recoge la expedición de un total de 91 certificados para personas que sí acreditaron debidamente el exilio, de modo que podrán participar en los comicios del próximo 29-N.

Al hilo de ello, frente a las críticas por la suspensión del derecho al voto de algunos de los nuevos nacionalizados, el Supremo advierte al gobierno de que su "inacción" puede ser la causa de que muchos no puedan acudir a las urnas. "Puesto que la administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores", subraya en uno de sus autos.

Este movimiento del alto tribunal llega dos días después de que el Tribunal Constitucional rechazase de forma casi unánime eliminar la suspensión cautelar del derecho a voto dictada por el Supremo; una medida que había sido requerida por el Defensor del Pueblo.

Advertencia a la junta electoral

En paralelo, en los autos emitidos hoy, el Supremo también da directrices a la junta electoral sobre cómo organizar el voto exterior el día de las elecciones. Después de que el órgano enviase al tribunal el texto que mañana se enviará a los inscritos en el extranjero con las directrices a seguir para participar en los comicios, ahora se introduce un cambio en esa redacción.

El texto, señala el Supremo, debe contener la "advertencia expresa" a quienes hayan adquirido la nacionalidad a través de la ley de nietos de que su aparición en el censo "no significa que puedan llegar a ejercer su voto", sino que solo podrán hacerlo quienes cuenten con la certificación acreditativa del exilio de sus antepasados.

Asimismo, de cara al cómputo de los votos, el tribunal también advierte de que el listado debe estar depurado: "Únicamente se introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión".

Voto particular

De los seis magistrados que emiten estos autos, solo una ha formulado un voto particular para separarse de la opinión mayoritaria. Se trata de María Alicia Millán Herrandis, adscrita a la línea progresista y que ya se opuso a la suspensión cautelar del derecho a voto de los nuevos nacionalizados que no hubiesen acreditado la condición de descendientes de exiliados.

El gobierno cumplirá los plazos

Una vez conocido el requerimiento del Supremo, Félix Bolaños ha asegurado que el gobierno dará cumplimiento "en los plazos" marcados, si bien ha apuntado que su ministerio ya aportó la semana pasada a la oficina del censo electoral "toda la documentación" existente a este respecto en el registro civil digitalizado.

En cuanto a Exteriores, Bolaños ha recordado que ya dio en su momento instrucciones a los consulados para que facilitaran los nombres y ha dicho que le consta que desde este departamento se van a reforzar esas instrucciones.

Posteriormente, fuentes del ministerio que encabeza José Manuel Albares han asegurado que, desde el primer auto del Supremo a este respecto, se "están realizando todos los esfuerzos necesarios para cumplir" y que, en todo caso, se redoblarán para trasladar la información requerida en plazo.