Trump llama “narco” a Petro y elimina la ayuda a Colombia

Colombia fue durante más de cuatro décadas la piedra angular de la estrategia antidroga estadounidense en el extranjero en general y en América Latina en particular con el envío de miles de millones de dólares en ayuda y proporcionando asesoramiento y ayuda militar.

El año pasado, 2024, Colombia fue de nuevo el principal receptor de ayuda económica estadounidense de toda América Latina, con unos 400 millones de dólares (unos 343 millones de euros), según las cifras publicadas por la Oficina en Washington para América Latina (WOLA). En total, se estima que solo en el presente siglo Washington destinó unos 14.000 millones de dólares en ayuda, gran parte de ella militar. Ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de toda la ayuda al Gobierno colombiano y calificó a su presidente, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.

La iniciativa es un paso más en la crisis bilateral iniciada con la llegada de Trump a la Casa Blanca por segunda vez, ahora con un presidente de izquierda en Bogotá y se produce después de que a mediados de septiembre Washington retirara a Colombia la certificación de país que lucha contra el narcotráfico, una medida que solo había aplicado hasta ahora a Bolivia y Venezuela. “Colombia es, de lejos, el socio más cercano en la lucha antinarcóticos en toda la región para Estados Unidos. Durante muchos años, fuerzas militares de ambos gobiernos trabajaron juntas combatiendo al crimen organizado”, destacaba recientemente la analista del International Crisis Group Elizabeth Dickinson en declaraciones a la cadena estadounidense BBC.

Otras suspensiones

No es la primera vez que Estados Unidos suspende la ayuda a Colombia por la incapacidad de su Gobierno para cumplir con los objetivos de reducción de la cocaína marcados por Washington. Sucedió la última vez en 1997, cuando también retiró su certificación al Gobierno del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), acusado de recibir fondos ilícitos para su campaña procedentes del Cartel de Cali. Sin embargo, de inmediato Colombia se convirtió en uno de los principales destinos de ayuda y financiación estadounidenses a través del llamado Plan Colombia, que incluía importantes recursos económicos y militares formalmente para combatir el narcotráfico, aunque las voces críticas denunciaron que se centraba no en la droga, sino en la lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El gran aumento del gasto militar colombiano propició el debilitamiento de la guerrilla y en 2016, en parte como resultado de la presión militar, las FARC firmaron un histórico acuerdo de paz con el Gobierno. Desde entonces, la asistencia estadounidense se redujo, pero Washington sigue siendo un aliado crucial para Colombia.

Tras la llegada de Petro al poder, en 2022, se sucedieron los roces, con medidas como la retirada de la certificación por Estados Unidos, la suspensión de las compras de armamento estadounidense por parte de Colombia, y, por último, la retirada del visado de Petro por parte de Washington hace menos de un mes después de que éste apelara a los soldados del Ejército estadounidense a desobedecer a Trump.

Petro denunció el “asesinato” por el Ejército estadounidense de un pescador colombiano en referencia al ataque del jueves contra una embarcación “narcoterrorista” en aguas del Caribe. La producción de cocaína en Colombia se disparó un 53 por ciento en 2023 hasta alcanzar las 2.644 toneladas, según los datos de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. El cultivo habría aumentado un 10 por ciento, hasta alcanzar más de 252.928 hectáreas, entre 2022 y 2023.

El mercado de EEUU

La mayor parte de la cocaína colombiana acaba en Estados Unidos y Europa a pesar de los esfuerzos de las autoridades colombianas. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó recientemente entre el 1 de enero y principios de septiembre las incautaciones de cocaína aumentaron un 8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior y el número de laboratorios de drogas destruidos, un 21%. Además, se capturó o abatió a 3.200 miembros de grupos criminales, lo que supone un aumento del 17%.