Los activos de la Sareb en Galicia ¡son de Galicia!

Ya tenemos una Sociedad de Vivienda Publica de Galicia. Que nos venga ahora Pedro Sánchez a imponer una empresa pública de vivienda estatal es únicamente una duplicidad fuera de toda lógica. Quiero recordar el Estatuto de Autonomía de Galicia, artículo 27, punto 3: “Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”.

Galicia debe recibir de la Sareb todos los activos que estén en nuestra Comunidad Autónoma, los suelos, las viviendas, las edificaciones, estén terminadas o no, y todas ellas a coste cero.

El Parlamento gallego, por unanimidad, ya acordó solicitar a la Sareb que todos los inmuebles con los que cuenta en Galicia sean cedidos gratuitamente a Galicia, y me congratula, ya que es una reivindicación personal que he solicitado y exigido en los últimos años.

Y es que la Sareb y su estropicio económico han repercutido, y repercuten, en nuestra deuda pública, fruto del más que anunciado fiasco de la entidad. La Sareb era en 2012 la gran oportunidad de contribuir a estabilizar el sector de la vivienda por su abultado volumen de activos (disponía en origen de 107.000 activos inmobiliarios, de los que 76.000 eran viviendas vacías acabadas, más de 3.000 en construcción, 6.300 estaban o están aún en alquiler y 14.900 corresponden a suelo); pero a día de hoy únicamente sirvió para limpiar el balance de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas con el dinero de los ciudadanos y además comisionarlas abultadamente con dinero de nuestros impuestos para que sus oficinas bancarias fuesen oficinas inmobiliarias en un auténtico despropósito mal permitido y consentido por el regulador y supervisor financiero de este país, es decir, el Banco de España del año 2012. También Bruselas tumbó repetidamente sus planes de negocio, una y otra vez, ya que le exigía que obtuviese rentabilidad desde el primer año, y lo único que ha tenido ejercicio tras ejercicio son cientos de millones en pérdidas.

Pero hagamos memoria: En diciembre del 2012 recoge los activos tóxicos, limpia balances y se inyecta el dinero del rescate europeo. Dos meses después, devuelve la comercialización de las propiedades a las mismas entidades financieras a las que ha metido dinero público y les paga, a ocho entidades, 112 millones al año por “su gestión”.

La Sareb tenía un 75% del capital en deuda subordinada, 27 inversores privados que controlan un 55% y el FROB, que tuvo que quedarse con el 45% (el Estado tomó el control de Sareb en 2022, después de que el FROB alcanzara una participación del 50,14% del total ). Todo ello ha sido de lo más perjudicial y con un impacto brutal en el mercado. Todo un despropósito económico que, como siempre, pagamos todos nosotros con nuestros impuestos.

Desde el 2022, Sareb se considera empresa pública. Y si esa transacción no se realiza mediante una compensación a precio de mercado, provocará que le cueste más devolver la deuda, que vence en 2027. Y al estar avalados por el Tesoro, son las arcas públicas las que al final tendrían que asumir la cantidad no amortizada. Seguramente está entidad no podrá devolver 14.000 millones, por la diferencia entre la tasación de su cartera y el importe pendiente de 29.000 millones a devolver. Es decir, un despropósito sideral que ya estamos, y vamos seguir, pagando con los dineros de nuestros impuestos.