Ajuste de 15.000 millones a la vista

Europa ha entrado en una nueva etapa fiscal. Tras años marcados por la pandemia, la inflación energética, la guerra de Ucrania y ahora la creciente inestabilidad en Oriente Próximo, la Unión Europea (UE) ha dejado atrás la excepcionalidad presupuestaria para regresar, aunque con reglas reformadas, a la disciplina fiscal. Y en ese nuevo escenario España se enfrenta a una realidad incómoda: la flexibilidad concedida por Bruselas para aumentar el gasto en defensa no bastará para evitar ajustes adicionales en los próximos años.

La advertencia lanzada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene trascendencia política y económica. El organismo calcula que España necesitará adoptar medidas adicionales por valor de unos 15.000 millones de euros entre 2027 y 2028 para cumplir los compromisos asumidos con la Comisión Europea en el marco del nuevo Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. La cifra no implica recortes automáticos, pero sí evidencia que el ritmo de crecimiento del gasto es incompatible con la senda comprometida ante Bruselas.

La cuestión es delicada porque el Gobierno había confiado en que la llamada cláusula de escape vinculada al incremento del gasto militar le diese margen de maniobra. Esa cláusula permite excluir del cómputo fiscal parte de los desembolsos en defensa. Sin embargo, la AIReF concluye que el alivio será solo temporal. Incluso descontando ese gasto extraordinario, España volvería a superar los límites de control fiscal a partir de 2027.

El envejecimiento, la defensa y los intereses de la deuda vuelven a tensionar las cuentas públicas españolas: toca tomar medidas

El problema de fondo no reside solo en la defensa. La presión estructural sobre las cuentas públicas es mucho más amplia y responde a factores profundos: el envejecimiento demográfico, el incremento del gasto en pensiones, la subida de los intereses de la deuda y la persistencia de un sector público muy tensionado tras años de políticas expansivas. La AIReF prevé que el gasto primario neto crezca un 5% anual entre 2025 y 2028, muy por encima del 3,4% comprometido por el Ejecutivo en el plan remitido a Bruselas.

La situación refleja una contradicción que afecta no solo a España, sino al conjunto de Europa. La UE exige más gasto en defensa, más inversiones en transición energética, más autonomía industrial y más protección social, mientras intenta recuperar la ortodoxia previa a las grandes crisis. El equilibrio entre esas prioridades se vuelve cada vez más complejo.

En el caso español, además, el Gobierno mantiene un delicado equilibrio parlamentario que dificulta cualquier ajuste presupuestario relevante. Aprobar reformas fiscales, contener el gasto o redefinir prioridades de inversión exigirá consensos políticos hoy muy difíciles de alcanzar. No es casualidad que la AIReF insista en la necesidad de una estrategia “realista y creíble” a medio plazo.

El organismo percibe que el escenario macroeconómico del Ejecutivo contiene demasiadas incógnitas y un exceso de optimismo. De hecho, una de las discrepancias más significativas entre la AIReF y el Gobierno se encuentra en la evolución prevista del PIB nominal. El Ejecutivo proyecta para 2026 un crecimiento del 5,3%, frente al 4,8% estimado por la autoridad fiscal. La diferencia parece pequeña, pero tiene un enorme impacto político y presupuestario: cuanto mayor es el PIB nominal, más reducidas parecen las ratios de déficit y deuda sobre el conjunto de la economía.

@J_L_Gomez