Asumir lo inasumible

No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”. Así de claro, así de rotundo definió la tragedia el presidente del Gobierno. Fue un momento de lucidez. Con toda la razón del mundo llegó a esta conclusión. No era aceptable, no era admisible la inseguridad que sufrían los viajeros, ni el deterioro del prestigio de España. Pero no pasó de ahí. No remató la lucidez ofreciendo el cese inmediato de todo el Gobierno por su parte en la responsabilidad de los muertos del choque de trenes. El Ejecutivo no es el autor de las muertes ni de los heridos, pero es responsable de la seguridad de un servicio público que afecta a millones de ciudadanos.

La dimisión sería lo más normal en un país democrático y responsable, con un Gobierno sensible con las desgracias de su pueblo. Pero Sánchez ni siquiera continuó el razonamiento sentenciando el cese inmediato del ministro de Transportes, responsable directo del funcionamiento de nuestro sistema ferroviario. Es responsable del nombramiento de los altos cargos ferroviarios, es responsable de las decisiones que tomen estas personas, es responsable de mantenerles su apoyo después de las tragedias, es responsable de la política general de objetivos para la alta velocidad de España. Que no pase nada es asumir lo inasumible.

No hace falta que las impulse un presidente del Gobierno, lo que realmente necesitan es que los ministros no pongan obstáculos a las pesquisas.

Hace un año, Oscar Puente presumía de la puntualidad de la larga distancia. Quizás pensando que llegar a tiempo era más importante que la seguridad. Está política es muy peligrosa. Ciertamente, el no conduce las máquinas, ni está dando órdenes en los puestos de control de tráfico, pero es responsable de quienes lo hacen. Él no pone los cables de los sistemas de seguridad ni maneja los ordenadores que permiten garantizar el correcto funcionamiento. Pero es responsable de nombrar profesionales competentes para los mandos, de que exista el mantenimiento adecuado al uso que se hace de las líneas, de que se hagan las inversiones necesarias para renovar el material obsoleto de los procesos de seguridad. Esta es la responsabilidad del ministro de Transportes. Por esa responsabilidad debía haber dimitido la misma noche del segundo choque de trenes de alta velocidad, ya que no lo hizo con el primero. En caso contrario, el Gobierno está asumiendo lo inasumible. Está considerando aceptable la tragedia, está admitiendo que esas cosas pasan, que siempre hay niveles de inseguridad, que viajar en tren no es del todo seguro, que tenga usted suerte si usa la alta velocidad de España.

¿Qué se entiende entonces por ese “no asumible” del presidente del Gobierno? Probablemente no signifique nada para él. Quizás lo ha dicho porque quedaba bien en ese contexto. Porque le parecía a él que daba sensación de contundencia ante las víctimas. De la misma forma que le parecía aparentar rotundidad cuando aseguraba que se iba a investigar todo, hasta el último detalle, como si eso dependiera de una orden suya, de un mandato gracioso. Pero a estas alturas ya todo el mundo que las investigaciones de catástrofes en los transportes se investigan de oficio por comisiones específicas muy rigurosas que no dejar pasar un sólo detalle. No hace falta que las impulse un presidente del Gobierno, lo que realmente necesitan es que los ministros no pongan obstáculos a las pesquisas.

Todo lo que ha pasado ha sido por desidia, por descuido del mantenimiento, por trampas en el destino de las partidas económicas que maneja el Gobierno. Incluso se han publicado informaciones en las que se asegura que España engañó a Bruselas sobre la renovación de la línea férrea entre Madrid y Sevilla. Todo es realmente inasumible.

Rotos y descosidos | Nacionalizaciones al peso

Cada día se aclaran más las irregularidades cometidas con la nacionalización de familiares de exiliados españoles. La presentación ante el juzgado de las más de 163.000 nacionalizaciones que reconoce el Gobierno deja en evidencia que sólo un pequeño porcentaje responde a los criterios de la Ley de Memoria Histórica. Y esta norma es bastante clara en cuanto a que deben ser descendientes de exiliados políticos, descendientes directos como hijos o nietos de padre o madre españoles, pero nada más. Todo lo que pasa de ahí responde a criterios promovidos por Sofía Puente desde el Ministerio de Justicia, en contra de lo estipulado legalmente.

Ha hecho una interpretación particular para nacionalizar a los más posibles. Teniendo en cuenta las prácticas habituales de esta Administración, no existen garantías de que sea realmente ese el número y la lista de los nacionalizados por esta vía. Igual sólo son los últimos y no todos los que han pasado el trámite desde que está en vigor la Ley. Pueden existir miles de personas que han adquirido la ciudadanía española sin que consten las acreditaciones para cumplir la condición.

No hay razones claras por las que se ha hecho esta campaña de nacionalizaciones al peso. ¿Eran necesarios para que España tuviese más mano de obra? Si es así, que se diga claramente y a lo mejor se entiende. ¿Eran necesarios para aumentar el censo electoral? Eso ya sería mucho más sospechoso y necesitaría una mayor justificación por parte de las autoridades responsables. Pero todo sigue siendo muy raro, por muchas explicaciones que pretendan justificar tales decisiones.