¿Ayudas del Gobierno? 2026 no es 2022

Cada crisis trae consigo una tentación recurrente: repetir las soluciones que funcionaron la vez anterior. En política económica, sin embargo, las recetas rara vez pueden aplicarse dos veces con los mismos resultados. El nuevo foco de tensión geopolítica en Oriente Próximo ha reactivado el debate sobre la necesidad de desplegar medidas de apoyo para amortiguar su impacto económico. Pero pretender una respuesta similar al amplio escudo fiscal aprobado en 2022 ignora que el contexto actual es sustancialmente distinto, tanto desde el punto de vista macroeconómico como institucional.

La experiencia reciente pesa en la memoria colectiva. Cuando la guerra de Ucrania desencadenó una crisis energética y una espiral inflacionaria sin precedentes en décadas, el Gobierno español –también otros ejecutivos europeos– optó por un paquete amplio de ayudas públicas: rebajas fiscales, bonificaciones generalizadas a los combustibles, reducciones del IVA energético y alimentario y diversas transferencias destinadas a proteger la renta de hogares y empresas. Aquella respuesta tuvo un coste fiscal elevado, pero también se produjo en un contexto excepcional, en el que la UE había suspendido temporalmente sus reglas fiscales para permitir una intervención pública masiva.

Ese escenario ya no existe. La disciplina presupuestaria europea ha vuelto a aplicarse tras la pausa provocada por la pandemia y lo ha hecho bajo un marco reformado que intenta equilibrar dos objetivos: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y permitir cierto margen para inversiones estratégicas. En la práctica, esto significa que los Estados miembros deben mantener el déficit por debajo del 3% del PIB y encauzar su deuda hacia niveles más sostenibles, al tiempo que siguen trayectorias de crecimiento del gasto pactadas con Bruselas.

El margen fiscal es menor y el Gobierno está condicionado por las reglas europeas, que limitan el déficit y el crecimiento del gasto

Para países como España, con una deuda pública todavía elevada, estas reglas no son una formalidad burocrática sino un condicionante real de política económica. El plan fiscal comprometido con la Comisión Europea fija límites concretos al aumento del gasto público durante los próximos años. Esto no impide adoptar medidas de apoyo si la situación lo requiere, pero sí obliga a que sean selectivas, temporales y compatibles con la senda de consolidación presupuestaria.

El cambio de marco coincide además con una situación económica menos dramática que la vivida hace cuatro años. En 2022, la economía española arrastraba todavía las consecuencias de la pandemia y el crecimiento estaba lejos de haberse consolidado. El producto interior bruto seguía por debajo del nivel previo al shock sanitario, las cadenas de suministro sufrían disrupciones persistentes y el encarecimiento energético golpeaba con fuerza la renta disponible de los hogares. El estallido inflacionario, con tasas superiores al 10%, amenazaba con desestabilizar el conjunto del sistema económico.

Hoy el panorama es más complejo, pero también menos extremo. La economía española crece, aunque a un ritmo más moderado que en la fase de recuperación posterior a la pandemia. La demanda interna sigue mostrando dinamismo y los fondos europeos continúan actuando como motor de inversión y modernización productiva. La inflación, aunque sujeta a repuntes puntuales, se mueve en niveles relativamente contenidos en comparación con los máximos de la crisis energética.

@J_L_Gomez