El Banco de España, vuelta a empezar

Un año más, el Gobierno socialista, por boca del alcalde de la ciudad, se compromete a lograr que la antigua sede del Banco de España, situada en la céntrica calle del Paseo, sea cedida a los ourensanos para fines culturales. La noticia, si no oliese a rancio, sería de celebrar, pero desde enero de 2004 en que se hizo efectivo el cierre de la sucursal ourensana, a la vez que las de algunas decenas más de diferentes provincias, hemos venido oyendo la misma promesa. Mientras, varias ciudades ya disfrutan de estas filiales reconvertidas en centros de cultura.

Este edificio data de 1930, se trata de una sólida construcción en granito, de líneas sobrias y cuya fachada principal remata con un escudo de la República. Gran parte de los muebles que decoraban su interior eran obra de los famosos ebanistas ourensanos conocidos como los Rodríguez. Hoy, dichos muebles, según información del Gobierno, se encuentran repartidos entre las sedes del Banco de España de A Coruña y de Madrid. Cuando la sucursal cierra su actividad bancaria, es adquirida, junto con veintinueve más, por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) con un protocolo firmado entre el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Es precisamente a esto a lo que se viene acogiendo el Gobierno para rechazar las demandas de las diferentes provincias que reclaman estos edificios para sus autonomías o ayuntamientos. El Ejecutivo se desentiende, argumentando que estos inmuebles son titularidad de una sociedad mercantil que pagó por ellos y por lo tanto no pertenecen al Patrimonio del Estado como tal. Lo que omiten los responsables socialistas es que también existen resortes jurídicos a través de los cuales se pueden arbitrar soluciones mediante las que el Estado pueda venderlo o cederlo al Patrimonio del Estado. El proyecto de la Segipsa de convertir el inmueble en oficinas de la Agencia Tributaria y del Catastro debe de ser rechazado por los responsables municipales y de Patrimonio pues esto conllevaría, no sólo renunciar al espacio socio-cultural que demanda la ciudad, sino a una alteración de la fisonomía del edificio, lo que causaría un daño irreparable.

Los ourensanos no debemos ceder a esta reivindicación, aun a sabiendas de que las dificultades burocráticas y también políticas que están impidiendo el uso público del edificio son considerables y la cooperación e interés de las instituciones del Estado son nulas. No hay más que remitirnos a las experiencias vividas desde 2004. La historia inacabada del Banco de España en Ourense debe dejar de ser un constante volver a empezar para convertirse ya en una historia concluida. La decisión de la cesión a la ciudad no debe dilatarse más teniendo en cuenta que este tipo de edificios necesita actuaciones de conservación para evitar daños irreparables.

Como última consideración, a modo de coda, recordaremos que las dificultades de la cesión de la sede del Banco de España a la ciudad, ha puesto sobre la mesa la necesidad inminente de un plan de posibles reversiones patrimoniales por parte del Estado a nuestra provincia. Así se frenaría el deterioro que sufre parte de nuestro patrimonio, afectado bien por la indefinición de la propiedad -por irresponsabilidades de una mantenimiento compartido, por la larga burocracia en las cesiones, por fondos asignados en los Presupuestos Generales de Estado y nunca ejecutado- so bien por el olvido del Estado y la falta de reivindicación de la Xunta de Galicia.