Bolaños, contra la Justicia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, entre otras cosas, Félix Bolaños, se ha convertido en el mayor agresor al Poder Judicial. Y no lo hace por preocupación propia ante un futuro personal incierto en los tribunales, sino para hacer una defensa cerrada de la inocencia de la mujer del presidente Pedro Sánchez, imputada por cuatro posibles delitos, y hostigar sin piedad al juez instructor de la causa, señor Peinado.

Es una palestra utilizada de forma habitual y abusiva por el equipo de Pedro Sánchez. Y no cesan de hacerlo ni en campañas electorales, aunque ya han sido sancionados y multados en varias ocasiones

El caso es que ello le da pie a Bolaños para incoar una campaña oficial, gubernativa, utilizando los recursos del poder, entre otros, las ruedas de prensa después de cada Consejo de Ministros, cuya finalidad principal es informar de los asuntos acordados por el Ejecutivo cada semana. Es una palestra utilizada de forma habitual y abusiva por el equipo de Pedro Sánchez. Y no cesan de hacerlo ni en campañas electorales, aunque ya han sido sancionados y multados en varias ocasiones. Son reincidentes porque consideran que la lucha por el poder bien vale alguna multa de vez en cuando. Será por dinero.

Con tal mentalidad, se produjo esta semana una competición ministerial para demostrar quién defendía mejor y con más ímpetu a Begoña Gómez, oprimida por el brazo de la Justicia. Bolaños insistió en que el juez Peinado avergonzaba a la judicatura; Óscar Puente, un tanto descarrilado, interrumpe una pregunta a otro para mostrar su enfado y acusar al juez de perseguir a los familiares de los representantes elegidos democráticamente. La portavoz oficial del Gobierno no quiso ser menos y reiteró la idea de que la instrucción de Peinado avergonzaba a los jueces. Ninguno quería ser menos, ninguno quería que su jefe pensase que defendían a Begoña con menos ardor que sus compañeros, no fuera a ser que Sánchez creyese que no peleaban con suficiente pasión por su señora y reaccionase echándolos de la mesa del Consejo de Ministros.

El espectáculo que ofrecen los ministros de España en su presión a los jueces que se atreven a encausar a la mujer del presidente no tiene referentes ni precedentes en ningún país civilizado. Los ministros no son ciudadanos simples que pueden opinar en ejercicio de su libertad de pensamiento o expresión. Los ministros representan al Gobierno cuando ofrecen una opinión sobre cuestiones políticas. No están en una rueda de prensa oficial como ciudadanos cualesquiera que opinan sobre algo, son el Gobierno, es el poder ejecutivo que se posiciona acerca una decisión judicial, sobre la que quiere ejercer presión. Es un poder con capacidad de utilizar todos los resortes oficiales, que son muchos, para ir contra un juez, unos jueces, o el propio Poder Judicial.

Y como no están contentos con esta competición para demostrar quien defiende mejor a la Begoña Gómez, el ministro Bolaños presiona sin descanso a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, para que castigue al atrevido juez Peinado. Pero como esta institución no ve ninguna razón para castigar, sancionar o retirarlo, el enfado del ministro va alcanzando unos niveles máximos y abronca al CGPJ, calificándole de perezoso, remolón, de reacciones inexplicablemente lentas. Es decir, no le gusta nada que no le hagan caso.

La irresponsabilidad de Bolaños en este encontronazo va a provocar un enfrentamiento institucional propio de un Gobierno en descomposición. El primer estamento en reaccionar ha sido la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid cuyos componentes, en un comunicado, denuncian las presiones del Gobierno porque, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces. En una sociedad no tensionada por el sanchismo, la atención no se centraría en las decisiones del juez, sino en los comportamientos inadecuados, cuando menos, de la esposa del presidente, cuyas sospechas harían caer a cualquier ejecutivo democrático.