A buen entendedor...

Hay líneas que en una democracia no deberían rozarse siquiera. Una de ellas es obvia: quien delinque paga. De su bolsillo. Sin intermediarios, sin atajos y, desde luego, sin cargar la factura al presupuesto municipal. Sin embargo, cada cierto tiempo reaparece una práctica tan vieja como inaceptable: utilizar dinero público para cubrir multas, indemnizaciones o incluso la defensa jurídica personal de un alcalde.

Conviene decirlo sin rodeos: no es un error administrativo ni una interpretación discutible. Es un abuso.

El problema de fondo es siempre el mismo: la tentación de convertir el cargo en un escudo"

La multa penal es una pena personalísima. No admite sustitutos ni reparto. Su sentido es castigar al culpable y advertir a los demás. Cuando esa multa se paga con dinero público, deja de ser un castigo y se convierte en una burla: el responsable sale indemne y los ciudadanos -los mismos que cumplen la ley- asumen la sanción. Es difícil imaginar una inversión más obscena del principio de responsabilidad.

Pero la deriva no termina ahí. Hay algo todavía más irritante: que los ayuntamientos acaben pagando la defensa jurídica de sus alcaldes cuando estos están siendo investigados o juzgados por conductas que nada tienen de institucional y mucho de personal. Aquí es donde el problema deja de ser solo jurídico y se vuelve profundamente político.

Se ha instalado la idea de que todo lo que hace un alcalde queda automáticamente cubierto por la institución, como si el cargo fuera una póliza de seguro a todo riesgo. No lo es. No puede serlo. El dinero público no está para blindar a nadie frente a sus propios actos.

Pagar abogados con fondos municipales puede tener sentido en un único contexto: cuando el procedimiento deriva directamente del ejercicio legítimo del cargo. Es decir, cuando se trata de decisiones administrativas adoptadas de buena fe, en el marco de la función pública. Incluso en esos casos, el límite es claro: si los tribunales concluyen que hubo delito, dolo o actuación estrictamente personal, ese dinero debe ser reintegrado hasta el último euro.

Lo contrario es sencillamente intolerable. Significa que los vecinos no solo pagan las calles, la limpieza o los servicios públicos, sino también la estrategia de defensa de quien pudo haber abusado de su poder. Significa que el contribuyente financia recursos, querellas, informes periciales y honorarios destinados a evitar que el responsable asuma las consecuencias de sus actos. Es un privilegio encubierto, incompatible con cualquier idea seria de igualdad ante la ley.

En el terreno de la responsabilidad civil, el Derecho distingue -y bien- entre lo institucional y lo personal. Si el daño proviene del funcionamiento de la Administración, responde el Ayuntamiento. Pero si deriva de una conducta delictiva del alcalde, trasladar ese coste al presupuesto municipal es algo más que una mala decisión: es socializar las consecuencias del delito. Y eso tiene nombre.

El problema de fondo es siempre el mismo: la tentación de convertir el cargo en un escudo. Un espacio donde la responsabilidad se diluye, donde el dinero público actúa como red de seguridad y donde las consecuencias personales desaparecen. Es exactamente lo contrario de lo que exige una democracia sana.

El alcalde no gestiona su dinero. Gestiona el de todos. Cada euro tiene detrás el esfuerzo de ciudadanos que cumplen, que pagan y que esperan, como mínimo, que las reglas se apliquen por igual. Pretender que ese dinero cubra multas penales o financie defensas jurídicas personales no es solo una irregularidad: es una quiebra ética y, en demasiados casos, también ilegal y hasta delictivo.

Porque si el poder sirve para no pagar las propias culpas, entonces ya no hablamos de responsabilidad pública. Hablamos de privilegio. Y ese sí que debería ser siempre, sin excepción, inasumible.